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Aquí puedes consultar el borrador resumen de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, enfocado en el marco estratégico.

Si deseas ver toda la estrategia completa, puedes dirigirte a la sección «Borrador de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos (completa)».

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Estrategia Nacional de Datos Abiertos

Resumen Ejecutivo

Guatemala cuenta con capacidades, plataformas y experiencias sectoriales relevantes, pero todavía no dispone de un ecosistema nacional de datos abiertos suficientemente institucionalizado para convertir esas capacidades en valor público de manera sostenida. La evidencia triangulada del proceso participativo y de fuentes externas apunta a una brecha central entre la existencia de capacidades y la capacidad del sistema para gobernarlas, mantenerlas, conectarlas y orientarlas a resultados (OECD, 2019). La Estrategia responde a esa brecha de institucionalización y uso, no únicamente a una brecha de publicación. El diagnóstico utiliza una lógica de triangulación de información: evidencia de talleres sectoriales y herramientas participativas; revisión documental y normativa; observación de iniciativas nacionales; y referencias internacionales y académicas. Esta combinación permite distinguir percepciones de participantes, capacidades observadas y evidencia comparada. Como respuesta a este desafío, se propone la Estrategia Nacional de Datos Abiertos como un instrumento de política pública destinado a orientar, articular y dar continuidad a los esfuerzos del Estado en esta materia. La Estrategia establece un marco común para que las instituciones públicas gestionen la apertura de datos de manera coordinada, responsable y sostenible, superando una visión limitada a la publicación de archivos y avanzando hacia un ecosistema capaz de generar valor público. Su formulación se sustenta en un proceso participativo y en la revisión de evidencia nacional e internacional. El diagnóstico integra los aportes de instituciones públicas, sociedad civil, academia, medios de comunicación y sector privado; la revisión del marco normativo y documental; el análisis de iniciativas y capacidades existentes. Esta combinación permitió identificar los principales avances, brechas y condiciones necesarias para fortalecer el ecosistema nacional de datos abiertos. Visión 2032: Guatemala contará con un ecosistema nacional de datos abiertos confiable, actualizado, interoperable, inclusivo y sostenible, con una gobernanza y responsabilidades claramente definidas, estándares comunes y salvaguardas adecuadas para la protección de datos. La información pública podrá encontrarse, comprenderse, descargarse, combinarse y reutilizarse fácilmente, generando valor para mejorar las decisiones y los servicios públicos, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, e impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico y social. Para alcanzar esta visión, la Estrategia se estructura en siete ejes estratégicos complementarios y articulados: (1) gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura; (2) calidad y gestión del ciclo de vida de los datos; (3) infraestructura de datos abiertos; (4) datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad; (5) capacidades, cultura, participación y reutilización; (6) confianza, derechos y uso responsable; y (7) sostenibilidad, monitoreo y evaluación. Los ejes expresan transformaciones estratégicas, no listas de proyectos. La Estrategia adopta un horizonte 2026–2032 y una lógica de programación adaptativa. Este diseño busca evitar que el instrumento quede obsoleto frente a cambios tecnológicos o institucionales y responde al enfoque de gestión de datos como activo estratégico del sector público. El Plan de Acción comprende 49 acciones organizadas en siete ejes, con objetivos, actividades, productos e indicadores propuestos. Los siete ejes detallan su objetivo, sus líneas de acción estratégicas y un resultado esperado. La implementación se propone en fases, con prioridad inicial en gobernanza, inventarios, estándares, calidad del Portal y una cartera de datos de alto valor; los avances se acompañarán con protección de derechos y participación ciudadana.

Metodología de la formulación

La formulación sigue la lógica secuencial de planificación promovida por SEGEPLAN: preparación y organización; diagnóstico y análisis de la situación; definición de objetivos; formulación del marco estratégico; plan de acción; validación y aprobación; implementación; y seguimiento y evaluación. Estas etapas se aplicaron de forma iterativa para mantener trazabilidad entre el problema público, los hallazgos participativos, los ejes, las acciones y los indicadores. Como parte del proceso metodológico, se realizó un ejercicio de análisis comparado, benchmarking, de políticas y estrategias de datos abiertos implementadas en distintos países de América Latina. Este análisis permitió identificar enfoques, principios, modelos de gobernanza, estructuras estratégicas, mecanismos de implementación y prácticas de seguimiento relevantes para el contexto nacional. Asimismo, se consideraron los principios y estándares establecidos en la Carta Internacional de Datos Abiertos y otros marcos internacionales aplicables. Las experiencias analizadas se utilizaron como referentes técnicos y comparativos, sin trasladar automáticamente al país modelos institucionales, competencias o disposiciones diseñadas para otros contextos. Su incorporación se realizó de manera selectiva, atendiendo al marco jurídico, las capacidades institucionales y las prioridades de Guatemala.

Análisis de situación
Contexto nacional de los datos abiertos

Guatemala no parte de cero. Existen portales, equipos técnicos, iniciativas de transparencia, gobierno abierto, estadística, transformación digital e interoperabilidad, así como instituciones que publican información verificable y de utilidad. Sin embargo, estas capacidades se desarrollan con niveles de madurez heterogéneos y no siempre se sostienen mediante reglas comunes, recursos, responsables y ciclos de actualización. En el panorama internacional, la segunda edición del Barómetro Global de Datos asigna a Guatemala una puntuación general de 40.71 sobre 100, superior al promedio de 36.82 de los países evaluados. El país publica información en línea en cinco de los diez ámbitos examinados: presupuesto y gasto público, contratación pública, financiamiento político, desempeño del derecho de acceso a la información y uso de la tierra. Asimismo, cuenta con disposiciones legales, políticas o reglamentarias que respaldan la recopilación y publicación de datos en cinco de los siete ámbitos evaluados. Estos resultados muestran que Guatemala dispone de bases institucionales y experiencias sectoriales relevantes, aunque la cobertura de los datos todavía es desigual y no se extiende de manera consistente a todas las áreas de interés público. (Global Data Barometer, 2025) Las principales fortalezas se concentran en finanzas públicas, con 91.08 puntos, y contratación pública, con 78.84 puntos, lo que evidencia avances en la regulación y disponibilidad de información presupuestaria, de gasto y adquisiciones del Estado. En contraste, persisten brechas importantes en información sobre empresas y beneficiarios finales, protección e intercambio de datos, interoperabilidad vinculada con integridad pública, acceso equitativo y apoyo gubernamental a la reutilización. En conjunto, el Barómetro sitúa a Guatemala por encima del promedio general, pero confirma la necesidad de extender los avances sectoriales hacia un sistema nacional más coordinado, inclusivo y sostenible, con estándares comunes que permitan mejorar la disponibilidad, calidad y reutilización de los datos para generar valor público. La Política General de Gobierno 2024–2028 y el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo refuerzan un contexto favorable para la articulación de los datos abiertos con la modernización del Estado. El reto es convertir iniciativas dispersas en una arquitectura nacional que permita continuidad, calidad y reutilización. Como antecedente nacional, el Índice de Datos Abiertos 2023, publicado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y elaborado en coordinación con Red Ciudadana, evaluó el nivel de apertura de la información en 14 ministerios del Organismo Ejecutivo. La medición consideró aspectos como la producción y disponibilidad de datos, acceso, plataformas de publicación, frecuencia de actualización, licencias, formatos, legibilidad y gobernanza. Los resultados evidenciaron diferencias importantes entre instituciones: el Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo la calificación más alta, con 8 puntos; los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación alcanzaron 6 puntos. El estudio identificó como principales brechas la publicación de información en formatos poco reutilizables, especialmente PDF; la actualización irregular de los conjuntos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos; la ausencia de interfaces de programación de aplicaciones (API) para acceder automáticamente a información relevante; y las diferencias institucionales en el conocimiento y aplicación de los principios de datos abiertos. Entre sus recomendaciones plantea fortalecer las capacidades institucionales, establecer planes de apertura adaptados a cada entidad, mejorar la frecuencia y calidad de actualización, adoptar estándares comunes, desarrollar mecanismos de acceso automatizado y ampliar la colaboración con sociedad civil, academia y sector privado. Debido a que el propio documento señala que la revisión de portales y las solicitudes de información se realizaron en noviembre y diciembre de 2019, sus resultados deben interpretarse como un antecedente diagnóstico y no como una medición actualizada de la situación institucional en 2023. El presente diagnóstico se construye sobre una premisa: una estrategia nacional de datos abiertos debe explicar no solo qué falta, sino por qué persisten las brechas, qué capacidades ya existen, dónde se concentra el valor y cuáles son las decisiones estratégicas necesarias. La literatura muestra que la publicación por sí sola no garantiza uso ni impacto; los resultados dependen de gobernanza, calidad, metadatos, capacidades, mecanismos de interacción con usuarios y condiciones de reutilización (Safarov, Meijer, & Grimmelikhuijsen, 2017; Zuiderwijk, Janssen, & Davis, 2014). La base de evidencia combina cuatro fuentes: (a) revisión documental y normativa; (b) tres talleres sectoriales de co-creación con Gobierno, sociedad civil y medios, y sector privado/academia; (c) instrumentos participativos como Mentimeter y Miro, entrevistas y consultas; y (d) evidencia externa de organismos internacionales, evaluaciones comparadas y literatura académica. El análisis utiliza triangulación para identificar recurrencias, contrastes y explicaciones plausibles del problema. Para fortalecer la validez del diagnóstico, las afirmaciones se interpretan según el tipo de evidencia. La evidencia participativa identifica patrones, prioridades y explicaciones desde los actores; los registros y documentos institucionales permiten verificar estructuras y capacidades; los índices comparados ubican fortalezas o brechas relativas; y la literatura especializada sustenta mecanismos causales. Ninguna fuente se utiliza de forma aislada para inferir el desempeño completo del ecosistema nacional.

Definición del problema público
Problema público

Guatemala dispone de activos de datos y experiencias relevantes, pero carece de un sistema nacional suficientemente institucionalizado, interoperable y orientado al uso que garantice de manera consistente la calidad, actualización, documentación, accesibilidad, protección y reutilización de los datos públicos. Como resultado, el valor de los datos depende con frecuencia de esfuerzos institucionales o personales aislados, se elevan los costos de encontrar y combinar información y se limita su utilización sistemática para decisiones, transparencia, integridad, servicios, investigación e innovación. La hipótesis causal del diagnóstico identifica cinco mecanismos que se refuerzan entre sí: gobernanza fragmentada; gestión desigual del ciclo de vida de los datos; baja interoperabilidad; apertura insuficientemente orientada a demanda y resultados; y capacidades, salvaguardas y recursos que no siempre están institucionalizados. En consecuencia, el problema no puede resolverse con un portal nuevo o con una meta de “más datasets”; requiere actuar sobre el sistema que produce, mantiene, conecta y utiliza los datos (OECD, 2019; Ubaldi, 2013). Guatemala no cuenta todavía con un sistema nacional de datos abiertos suficientemente institucionalizado, articulado y sostenible que garantice de forma homogénea la gobernanza, calidad, actualización, documentación, interoperabilidad, accesibilidad y reutilización de los datos públicos. Esta situación produce información dispersa, desactualizada, poco documentada o publicada en formatos de baja reutilización; reduce la confianza y capacidad de uso por parte de la ciudadanía, las instituciones públicas, la academia y el sector privado; y limita el aprovechamiento de los datos para la transparencia, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, la prestación de servicios, la investigación y la innovación.

Causas estructurales
Efectos
Estado actual del ecosistema de datos abiertos

El Portal Nacional de Datos Abiertos de Guatemala, actualmente bajo el liderazgo y la implementación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), opera mediante la plataforma CKAN y se encuentra disponible en https://catalogo.senacyt.gob.gt/. El portal constituye el catálogo central para facilitar el acceso, descubrimiento y reutilización de los datos publicados por las instituciones. De acuerdo con una consulta pública realizada en octubre de 2026, el portal registraba 654 conjuntos de datos y 51 organizaciones. Debido a que estas cifras se actualizan de manera dinámica, deberán presentarse con su respectiva fecha de corte en el informe de línea de base. Asimismo, el catálogo contiene recursos en formatos como CSV, XLSX, JSON y XML. No obstante, la disponibilidad de estos formatos en determinados conjuntos de datos no garantiza que todo el catálogo cumpla de manera homogénea con criterios de calidad, actualización, documentación y licenciamiento. Este servicio coexiste con portales sectoriales, como el de Transparencia Fiscal y Datos Abiertos del MINFIN (https://datos.minfin.gob.gt/), y plataformas de datos institucionales de planificación. La arquitectura futura deberá interoperar o federar catálogos y metadatos, conservando la responsabilidad de cada productor, y no asumir que todos los conjuntos deben migrar físicamente a un repositorio único. Los resultados del proceso de cocreación permiten comprender las condiciones institucionales que actualmente limitan el funcionamiento de este ecosistema. En el taller dirigido a instituciones de Gobierno, la autoevaluación —realizada en una escala de 1 a 3— se concentró en niveles intermedios. La dimensión de metadatos obtuvo una valoración promedio de 1.9; los inventarios, la calidad, la interoperabilidad y el marco normativo se situaron alrededor de 2.1; y las capacidades del personal alcanzaron 2.5. Estos resultados sugieren que existen conocimientos y capacidades humanas, pero todavía faltan mecanismos institucionales y técnicos que permitan convertirlos en prácticas homogéneas, coordinadas y sostenibles. La continuidad de la publicación constituye una de las principales brechas identificadas. De las 30 respuestas obtenidas sobre la actualización del Portal Nacional de Datos Abiertos, 9 indicaron que no actualizan información, 14 que lo hacen ocasionalmente y 7 que la actualizan con frecuencia. En conjunto, 23 de las 30 respuestas, equivalentes al 76.7 %, se concentraron entre las categorías “no actualiza” y “actualiza ocasionalmente”. Este hallazgo refuerza la necesidad de incorporar la asignación de responsables, la periodicidad de actualización y el mantenimiento de los conjuntos de datos como componentes centrales de la Estrategia, y no como tareas posteriores a la publicación. Estos resultados deben interpretarse con cautela. Las cifras reflejan únicamente las respuestas de las personas que participaron en el taller de Gobierno y no constituyen una estimación representativa de la totalidad de las instituciones del Organismo Ejecutivo. El número definitivo de participantes e instituciones representadas deberá consignarse en el Anexo. Los aportes de los demás sectores complementaron este diagnóstico desde la perspectiva de quienes buscan, utilizan y reutilizan los datos. La sociedad civil y los medios de comunicación destacaron la necesidad de contar con información actualizada, accesible, desagregada, territorialmente pertinente y disponible en formatos que permitan su cruce y análisis. Por su parte, el sector privado, la academia y los centros de investigación enfatizaron la confiabilidad necesaria para la reutilización, incluyendo interfaces de programación de aplicaciones —API—, series históricas, información sobre la procedencia de los datos, estándares comunes y, cuando resulte pertinente, datos en tiempo real. En conjunto, los hallazgos muestran una convergencia entre las necesidades de quienes producen, publican, buscan y reutilizan información. El desafío no consiste únicamente en disponer de más portales o publicar una mayor cantidad de conjuntos de datos, sino en consolidar un ecosistema articulado, interoperable y sostenible, con responsabilidades institucionales definidas y condiciones que aseguren la calidad, actualización y reutilización de la información.

Marco normativo y regulatorio

La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) constituye un marco central para el derecho de acceso, las obligaciones de transparencia, la información reservada y confidencial y el habeas data. Los datos abiertos amplían la lógica de transparencia activa hacia la publicación en formatos que permitan descarga, procesamiento y reutilización, por lo que requieren lineamientos técnicos complementarios. Durante 2025 y 2026 se discutieron propuestas legislativas relativas a protección de datos personales y otras materias digitales. El título, número y estado de cada iniciativa específica deberán verificarse en los expedientes oficiales del Congreso antes de nombrarla; esta Estrategia no presume su aprobación. Mientras tanto, la apertura estará sujeta al marco jurídico vigente, incluida la Ley de Acceso a la Información Pública, y aplicará clasificación, minimización, anonimización y evaluación proporcional de riesgos. Los talleres utilizaron indistintamente expresiones como ley, reglamento, acuerdo, política o lineamiento. La Estrategia convierte esa demanda en una línea de acción concreta: realizar una revisión jurídica y construir una arquitectura normativa escalonada que determine qué materias requieren norma legal, acuerdo gubernativo, instrumento administrativo o estándar técnico. La aplicación del artículo 10 del Decreto 57-2008 (Ley de Acceso a la Información Pública) ofrece un punto de partida para identificar información pública de oficio. Su transformación en conjuntos reutilizables requiere criterios técnicos y revisión jurídica adicionales, y no debe confundirse con una obligación legal general de publicar toda información en formatos abiertos. Asimismo, corresponde examinar, según la materia, la normativa de simplificación de trámites, contratación pública, gestión presupuestaria, derechos de autor y seguridad de la información. Esta revisión deberá identificar la base legal de cada función propuesta y las alternativas de formalización, sin presumir que el borrador crea obligaciones o atribuciones nuevas. La selección del instrumento de aprobación y el detalle de funciones de coordinación quedan sujetos a dictamen jurídico. La Estrategia se presenta como instrumento de planificación estratégica interinstitucional; la formalización, alcance y naturaleza de sus disposiciones deberán ser determinados por las autoridades competentes.

Marco institucional

El ecosistema involucra instituciones productoras de datos, instancias de planificación, gobierno digital, ciencia y tecnología, transparencia, estadística, seguridad de la información y entidades sectoriales. El Grupo Motor constituye el espacio de coordinación de la formulación, pero el proceso participativo señala la necesidad de una estructura permanente con responsabilidades nacionales e institucionales claramente definidas.

Gobernanza y coordinación interinstitucional

La gobernanza fue el consenso más fuerte de los tres talleres. Gobierno demandó rectoría, responsabilidades, continuidad y coordinación; sociedad civil pidió una instancia clara, participación multiactor y seguimiento; sector privado y academia insistieron en reglas claras y certeza institucional. La brecha no se resuelve únicamente con una nueva plataforma: requiere un modelo que defina quién decide, quién administra estándares, quién publica, quién monitorea y cómo participan los usuarios.

Oferta de datos públicos

El proceso identificó una oferta heterogénea, con instituciones que publican datos estructurados y otras que dependen de documentos PDF, tableros sin descarga o repositorios dispersos. La apertura debe reconocer la diversidad sectorial, pero asegurar un conjunto mínimo nacional de formatos, metadatos, periodicidad, licenciamiento y documentación.

Demanda y necesidades de información

La demanda recogida en los talleres se concentra en problemas y decisiones concretas. Sociedad civil prioriza transparencia, justicia, violencia contra las mujeres, gasto, salud, niñez, ambiente y territorio; sector privado y academia enfatizan salud, educación, empleo, infraestructura, compras públicas, transporte, inversiones, ciencia y tecnología; Gobierno identifica necesidades para planificación, servicios, fiscalización, programas sociales y gestión institucional. Datos desactualizados, incompletos o de calidad irregular son una de las barreras más recurrentes. La calidad debe gestionarse durante todo el ciclo de vida: diseño del registro, captura, validación, transformación, publicación, revisión, versionamiento y archivo. Publicar una vez no es suficiente; la actualización conforme a una frecuencia definida es parte del estándar de apertura. Los usuarios demandan datos crudos descargables además de visualizaciones. La Estrategia establece que, cuando corresponda, los tableros deben ser una capa de consumo y no un sustituto de la base de datos. Los formatos deberán ser abiertos y legibles por máquina; el licenciamiento será estandarizado mediante lineamiento nacional, evitando restricciones discriminatorias a la reutilización y respetando las limitaciones legales aplicables. La Estrategia debe medir usos, no solamente publicaciones. Las posibilidades identificadas incluyen auditoría social, periodismo, investigación, innovación, productos y servicios digitales, planificación, gestión de riesgos, análisis territorial, inteligencia artificial y mejora de servicios públicos. El valor se genera cuando el dato resuelve una pregunta, reduce una barrera o habilita una decisión.

Infraestructura tecnológica

La infraestructura aparece como un habilitador y no como el punto de partida. Los talleres mencionan servidores, nube, APIs, seguridad, conectividad y resiliencia, pero también advierten que la inversión tecnológica sin gobernanza, procesos y capacidades no resolverá las brechas. La infraestructura deberá ser escalable, interoperable, auditable y coherente con la arquitectura digital del Organismo Ejecutivo. El Portal Nacional de Datos Abiertos es actualmente el servicio central disponible para búsqueda y publicación de conjuntos por las organizaciones registradas. Su modernización deberá partir de una auditoría técnica y de experiencia de usuario que examine metadatos, enlaces, buscabilidad, seguridad, actualización, accesibilidad y continuidad operativa, sin desconocer el papel de los portales institucionales.

Interoperabilidad e intercambio de datos

La interoperabilidad es el segundo gran consenso estructural. Se requieren estándares semánticos, organizativos, normativos y técnicos para que los sistemas puedan intercambiar información de forma segura. La Estrategia diferenciará dos conceptos relacionados pero distintos: interoperabilidad para intercambio controlado entre instituciones y datos abiertos para acceso público y reutilización. Un dato intercambiado entre instituciones no necesariamente es publicable; un dato abierto no necesariamente requiere integración transaccional.

Capacidades institucionales y talento humano

Las personas participantes destacaron conocimientos y experiencias técnicas disponibles, pero también rotación de personal, responsabilidades difusas y falta de perfiles institucionalizados. El reto es convertir conocimiento individual en capacidad organizacional. Se propone un marco de competencias diferenciado para responsables de datos, tecnología, planificación, transparencia, áreas jurídicas y equipos sustantivos, con documentación y mecanismos de suplencia.

Participación ciudadana y mecanismos de retroalimentación

Los talleres proponen comités de usuarios, espacios de cocreación, observatorios, canales de retroalimentación y laboratorios. La participación deberá institucionalizarse como parte del ciclo de datos: identificar demanda, priorizar apertura, evaluar utilidad, reportar errores y documentar casos de reutilización. Como precedente sectorial existe el Comité de Usuarios de Datos Abiertos (CUDA) del MINFIN, que reúne a actores usuarios de información fiscal, recibe demandas y da seguimiento a solicitudes. Es una experiencia institucional específica; no equivale por sí misma a un mecanismo nacional de participación y debe aprovecharse como aprendizaje para la gobernanza propuesta. Fuente: https://www.prensa.gob.gt/comunicado/comite-de-usuarios-de-datos-abiertos-analiza-avances-y-retos-del-barometro-global-de

Inclusión, accesibilidad y enfoque territorial

La sociedad civil destacó con especial fuerza la dimensión territorial, de pueblos indígenas, género, idioma, discapacidad y brecha digital. La apertura debe considerar desagregaciones pertinentes y seguras, lenguaje claro, accesibilidad web, formatos de bajo consumo de ancho de banda y mecanismos de difusión que no dependan exclusivamente de capacidades técnicas avanzadas.

Protección de datos personales, seguridad y gestión de riesgos

La apertura responsable requiere clasificar la información y aplicar salvaguardas según riesgo. La protección de datos personales y la ciberseguridad no deben convertirse en argumentos generales para cerrar información pública; deben traducirse en reglas de minimización, anonimización, evaluación de impacto, control de acceso cuando corresponda, gestión de incidentes y trazabilidad.

Experiencias nacionales relevantes

El país cuenta con experiencias sectoriales de portales, transparencia fiscal, compras públicas, estadísticas y plataformas institucionales que demuestran que es posible publicar datos de calidad y construir servicios de información. La Estrategia propone que estas experiencias sean utilizadas como laboratorios de estándares, interoperabilidad, documentación y reutilización, en lugar de crear mecanismos paralelos que fragmenten aún más el ecosistema. Ejemplos verificables incluyen: (i) el Portal Nacional administrado mediante CKAN por SENACYT, que articula oferta de distintas instituciones; (ii) el Portal de Datos Abiertos del MINFIN, que publica información presupuestaria y fiscal descargable y dispone de una política sectorial de publicación; (iii) los servicios de apertura de datos de planificación de SEGEPLAN; y (iv) la publicación de información de contratación y los esfuerzos para adoptar OCDS en compras públicas. Estos casos deben analizarse por su contribución específica (datos disponibles, calidad, estándares, demanda, sostenibilidad), evitando presentarlos como representativos de la totalidad del Estado.

Experiencias y buenas prácticas internacionales

La Estrategia Nacional de Datos del Uruguay 2030 es una referencia útil por su estructura clara: principios rectores, ejes temáticos, líneas de acción y un proceso explícito de cocreación, seguimiento y revisión. La experiencia demuestra la conveniencia de tratar los datos como un activo público, combinar gobernanza con capacidades e infraestructura, y conectar la gestión de datos con resultados de desarrollo. Guatemala adopta esa lógica sin trasladar automáticamente el modelo institucional uruguayo.

Oportunidades para el desarrollo de los datos abiertos
Desafíos estratégicos priorizados
Marco estratégico

El Marco Estratégico se formula como una jerarquía de decisiones. La visión define el estado futuro; el propósito y el objetivo general expresan la contribución pública; los objetivos y resultados estratégicos especifican los cambios que deben producirse; los ejes concentran capacidades alrededor de esos cambios; y las líneas de acción delimitan campos de intervención. Las actividades, proyectos y fechas pertenecen al Plan de Acción y a la programación anual. Esta separación es consistente con los lineamientos de planificación pública: evita confundir estrategia con cronograma y permite adaptar la implementación sin perder dirección (SEGEPLAN, 2022).

Vision al 2030

Para 2032, Guatemala contará con un ecosistema nacional de datos abiertos confiable, actualizado, interoperable, inclusivo y sostenible, con una gobernanza y responsabilidades claramente definidas, estándares comunes y salvaguardas adecuadas para la protección de datos. La información pública podrá encontrarse, comprenderse, descargarse, combinarse y reutilizarse fácilmente, generando valor para mejorar las decisiones y los servicios públicos, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, e impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico y social.

Misión

Institucionalizar un ecosistema nacional de datos abiertos que convierta los datos públicos en un activo confiable y reutilizable para la gestión pública, la transparencia, la participación, la investigación, la innovación y el desarrollo, con un enfoque centrado en las personas y la protección de derechos.

Objetivo general

Consolidar entre 2026 y 2032 un ecosistema nacional de datos abiertos con gobernanza clara, estándares comunes, infraestructura, datos de alto valor, capacidades sostenibles y salvaguardas de confianza, que incremente la disponibilidad, calidad, actualización y reutilización de los datos públicos para generar resultados verificables de valor público.

Objetivos Específicos
Principios rectores
Enfoques transversales
Alineación con la Carta Internacional de Datos Abiertos
Alineación con los principios FAIR
Ejes estratégicos
Eje 1. Gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura
Eje 1. Objetivo estratégico
Eje 1. Líneas estratégicas
Eje 1. Resultado estratégico:
Eje 2. Calidad y gestión del ciclo de vida de los datos
Eje 2. Objetivo estratégico
Eje 2. Líneas estratégicas
Eje 2. Resultado estratégico
Eje 3. Infraestructura de datos abiertos
Eje 3. Objetivo estratégico
Eje 3. Principales líneas estratégicas:
Eje 3. Resultado estratégico
Eje 4. Datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad
Eje 4. Objetivo estratégico
Eje 4. Líneas estratégicas
Eje 4. Resultado estratégico
Eje 5. Capacidades, cultura, participación y reutilización
Eje 5. Objetivo estratégico
Eje 5. Líneas estratégicas
Eje 5. Resultado estratégico
Eje 6. Confianza, derechos y uso responsable de los datos
Eje 6. Objetivo estratégico
Eje 6. Líneas estratégicas
Eje 6. Resultado estratégico esperado
Eje 7. Sostenibilidad, monitoreo y evaluación
Eje 7. Objetivo estratégico
Eje 7. Líneas estratégicas
Eje 7. Resultado estratégico esperado
Gobernanza e implementación
Modelo de gobernanza de seis niveles
1. Mesa de Transformación Digital
2. Consejo Estratégico Multiactor
3. Institución coordinadora
4. Comité Técnico
5. Instituciones productoras
6. Usuarios y territorios

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