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Contexto nacional de los datos abiertos

Guatemala no parte de cero. Existen portales, equipos técnicos, iniciativas de transparencia, gobierno abierto, estadística, transformación digital e interoperabilidad, así como instituciones que publican información verificable y de utilidad. Sin embargo, estas capacidades se desarrollan con niveles de madurez heterogéneos y no siempre se sostienen mediante reglas comunes, recursos, responsables y ciclos de actualización. En el panorama internacional, la segunda edición del Barómetro Global de Datos asigna a Guatemala una puntuación general de 40.71 sobre 100, superior al promedio de 36.82 de los países evaluados. El país publica información en línea en cinco de los diez ámbitos examinados: presupuesto y gasto público, contratación pública, financiamiento político, desempeño del derecho de acceso a la información y uso de la tierra. Asimismo, cuenta con disposiciones legales, políticas o reglamentarias que respaldan la recopilación y publicación de datos en cinco de los siete ámbitos evaluados. Estos resultados muestran que Guatemala dispone de bases institucionales y experiencias sectoriales relevantes, aunque la cobertura de los datos todavía es desigual y no se extiende de manera consistente a todas las áreas de interés público. (Global Data Barometer, 2025) Las principales fortalezas se concentran en finanzas públicas, con 91.08 puntos, y contratación pública, con 78.84 puntos, lo que evidencia avances en la regulación y disponibilidad de información presupuestaria, de gasto y adquisiciones del Estado. En contraste, persisten brechas importantes en información sobre empresas y beneficiarios finales, protección e intercambio de datos, interoperabilidad vinculada con integridad pública, acceso equitativo y apoyo gubernamental a la reutilización. En conjunto, el Barómetro sitúa a Guatemala por encima del promedio general, pero confirma la necesidad de extender los avances sectoriales hacia un sistema nacional más coordinado, inclusivo y sostenible, con estándares comunes que permitan mejorar la disponibilidad, calidad y reutilización de los datos para generar valor público. La Política General de Gobierno 2024–2028 y el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo refuerzan un contexto favorable para la articulación de los datos abiertos con la modernización del Estado. El reto es convertir iniciativas dispersas en una arquitectura nacional que permita continuidad, calidad y reutilización. Como antecedente nacional, el Índice de Datos Abiertos 2023, publicado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y elaborado en coordinación con Red Ciudadana, evaluó el nivel de apertura de la información en 14 ministerios del Organismo Ejecutivo. La medición consideró aspectos como la producción y disponibilidad de datos, acceso, plataformas de publicación, frecuencia de actualización, licencias, formatos, legibilidad y gobernanza. Los resultados evidenciaron diferencias importantes entre instituciones: el Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo la calificación más alta, con 8 puntos; los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación alcanzaron 6 puntos. El estudio identificó como principales brechas la publicación de información en formatos poco reutilizables, especialmente PDF; la actualización irregular de los conjuntos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos; la ausencia de interfaces de programación de aplicaciones (API) para acceder automáticamente a información relevante; y las diferencias institucionales en el conocimiento y aplicación de los principios de datos abiertos. Entre sus recomendaciones plantea fortalecer las capacidades institucionales, establecer planes de apertura adaptados a cada entidad, mejorar la frecuencia y calidad de actualización, adoptar estándares comunes, desarrollar mecanismos de acceso automatizado y ampliar la colaboración con sociedad civil, academia y sector privado. Debido a que el propio documento señala que la revisión de portales y las solicitudes de información se realizaron en noviembre y diciembre de 2019, sus resultados deben interpretarse como un antecedente diagnóstico y no como una medición actualizada de la situación institucional en 2023. El presente diagnóstico se construye sobre una premisa: una estrategia nacional de datos abiertos debe explicar no solo qué falta, sino por qué persisten las brechas, qué capacidades ya existen, dónde se concentra el valor y cuáles son las decisiones estratégicas necesarias. La literatura muestra que la publicación por sí sola no garantiza uso ni impacto; los resultados dependen de gobernanza, calidad, metadatos, capacidades, mecanismos de interacción con usuarios y condiciones de reutilización (Safarov, Meijer, & Grimmelikhuijsen, 2017; Zuiderwijk, Janssen, & Davis, 2014). La base de evidencia combina cuatro fuentes: (a) revisión documental y normativa; (b) tres talleres sectoriales de co-creación con Gobierno, sociedad civil y medios, y sector privado/academia; (c) instrumentos participativos como Mentimeter y Miro, entrevistas y consultas; y (d) evidencia externa de organismos internacionales, evaluaciones comparadas y literatura académica. El análisis utiliza triangulación para identificar recurrencias, contrastes y explicaciones plausibles del problema. Para fortalecer la validez del diagnóstico, las afirmaciones se interpretan según el tipo de evidencia. La evidencia participativa identifica patrones, prioridades y explicaciones desde los actores; los registros y documentos institucionales permiten verificar estructuras y capacidades; los índices comparados ubican fortalezas o brechas relativas; y la literatura especializada sustenta mecanismos causales. Ninguna fuente se utiliza de forma aislada para inferir el desempeño completo del ecosistema nacional.

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