1. INTRODUCCIÓN
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026 establece la ruta que el Estado de Guatemala adopta para proteger sus activos digitales, sus servicios esenciales y su infraestructura crítica, y para responder de manera coordinada a las amenazas cibernéticas. Su propósito es pasar de esfuerzos aislados por institución a una conducción nacional con objetivos comunes, responsables definidos y resultados medibles.
La Estrategia se organiza en seis dimensiones que se construyeron a partir de seis mesas técnicas estratégicas, integradas por instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil. Sus 60 acciones se gestionan con la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y el enfoque de Objetivos y Resultados Clave (OKR).
El diagnóstico de línea base identifica cuatro brechas que la Estrategia atiende de forma prioritaria: la ausencia de una instancia de coordinación nacional con base normativa vigente; la falta de criterios comunes para identificar la infraestructura crítica; la limitada capacidad de respuesta coordinada ante incidentes; y la escasez de talento especializado. A ello se suma una baja madurez en controles de seguridad dentro de las instituciones públicas, que se mide en el autodiagnóstico nacional.
La Estrategia es un instrumento de conducción político-estratégica. Las decisiones de conducción, aprobación y financiamiento corresponden a las autoridades competentes, y su ejecución se apoya en acuerdos interinstitucionales. Su éxito depende de tres condiciones: voluntad política sostenida, recursos incorporados en los presupuestos institucionales y una gobernanza capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno. Por ello incluye revisiones periódicas, una visión de largo plazo y un tablero de seguimiento público que dan continuidad a la Estrategia más allá de su periodo inicial de implementación.
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