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Borrador de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos

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 ESTRATEGIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS DE GUATEMALA

2026–2032

Versión técnica 1.10

30 de octubre de 2026

 Resumen ejecutivo

Guatemala cuenta con capacidades, plataformas y experiencias sectoriales relevantes, pero todavía no dispone de un ecosistema nacional de datos abiertos suficientemente institucionalizado para convertir esas capacidades en valor público de manera sostenida. La evidencia triangulada del proceso participativo y de fuentes externas apunta a una brecha central entre la existencia de capacidades y la capacidad del sistema para gobernarlas, mantenerlas, conectarlas y orientarlas a resultados (OECD, 2019). La Estrategia responde a esa brecha de institucionalización y uso, no únicamente a una brecha de publicación.

El diagnóstico utiliza una lógica de triangulación de información: evidencia de talleres sectoriales y herramientas participativas; revisión documental y normativa; observación de iniciativas nacionales; y referencias internacionales y académicas. Esta combinación permite distinguir percepciones de participantes, capacidades observadas y evidencia comparada.

Como respuesta a este desafío, se propone la Estrategia Nacional de Datos Abiertos como un instrumento de política pública destinado a orientar, articular y dar continuidad a los esfuerzos del Estado en esta materia. La Estrategia establece un marco común para que las instituciones públicas gestionen la apertura de datos de manera coordinada, responsable y sostenible, superando una visión limitada a la publicación de archivos y avanzando hacia un ecosistema capaz de generar valor público.

Su formulación se sustenta en un proceso participativo y en la revisión de evidencia nacional e internacional. El diagnóstico integra los aportes de instituciones públicas, sociedad civil, academia, medios de comunicación y sector privado; la revisión del marco normativo y documental; el análisis de iniciativas y capacidades existentes. Esta combinación permitió identificar los principales avances, brechas y condiciones necesarias para fortalecer el ecosistema nacional de datos abiertos.

Visión 2032: Guatemala contará con un ecosistema nacional de datos abiertos confiable, actualizado, interoperable, inclusivo y sostenible, con una gobernanza y responsabilidades claramente definidas, estándares comunes y salvaguardas adecuadas para la protección de datos. La información pública podrá encontrarse, comprenderse, descargarse, combinarse y reutilizarse fácilmente, generando valor para mejorar las decisiones y los servicios públicos, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, e impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico y social.

Para alcanzar esta visión, la Estrategia se estructura en siete ejes estratégicos complementarios y articulados: (1) gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura; (2) calidad y gestión del ciclo de vida de los datos; (3) infraestructura de datos abiertos; (4) datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad; (5) capacidades, cultura, participación y reutilización; (6) confianza, derechos y uso responsable; y (7) sostenibilidad, monitoreo y evaluación. Los ejes expresan transformaciones estratégicas, no listas de proyectos.

La Estrategia adopta un horizonte 2026–2032 y una lógica de programación adaptativa. Este diseño busca evitar que el instrumento quede obsoleto frente a cambios tecnológicos o institucionales y responde al enfoque de gestión de datos como activo estratégico del sector público.

El Plan de Acción comprende 49 acciones organizadas en siete ejes, con objetivos, actividades, productos e indicadores propuestos. Los siete ejes detallan su objetivo, sus  líneas de acción estratégicas y un resultado esperado. La implementación se propone en fases, con prioridad inicial en gobernanza, inventarios, estándares, calidad del Portal y una cartera de datos de alto valor; los avances se acompañarán con protección de derechos y  participación ciudadana.

 Índice de contenido

1. Introducción y marco general.. 7

1.1. Antecedentes.. 7

1.2 Justificación.. 8

1.3 Alcance de la Estrategia.. 9

1.4 Horizonte temporal.. 9

1.5 Metodología de formulación.. 9

1.6 Proceso de co-creación y participación multisectorial.. 10

1.7 Articulación con políticas, planes y estrategias nacionales.. 11

1.8 Vinculación con compromisos y estándares internacionales.. 11

2. Análisis de situación.. 12

2.1. Contexto nacional de los datos abiertos.. 12

2.2 Definición del problema público.. 13

2.3. Estado actual del ecosistema de datos abiertos.. 15

2.4. Marco normativo y regulatorio.. 17

2.5. Marco institucional.. 17

2.6. Gobernanza y coordinación interinstitucional.. 18

2.7. Oferta de datos públicos.. 18

2.8 Demanda y necesidades de información.. 18

2.9 Infraestructura tecnológica.. 19

2.10 Interoperabilidad e intercambio de datos.. 19

2.11 Capacidades institucionales y talento humano.. 19

2.12. Participación ciudadana y mecanismos de retroalimentación.. 19

2.13 Inclusión, accesibilidad y enfoque territorial.. 20

2.14 Protección de datos personales, seguridad y gestión de riesgos.. 20

2.15. Experiencias nacionales relevantes.. 20

2.16. Experiencias y buenas prácticas internacionales.. 21

2.17. Brechas identificadas.. 21

2.18. Oportunidades para el desarrollo de los datos abiertos.. 21

2.19. Desafíos estratégicos priorizados.. 22

3. Marco estratégico.. 22

3.1. Visión al 2032.. 23

3.2. Propósito.. 23

3.3. Objetivo general.. 23

3.4. Principios rectores.. 23

1. Apertura con propósito.. 23

2. Centrado en las personas y valor público.. 23

3. Calidad y oportunidad.. 23

4. Encontrabilidad, accesibilidad e inclusión.. 24

5. Interoperabilidad.. 24

6. Participación y cocreación.. 24

7. Reutilización e innovación.. 24

8. Privacidad y protección de datos.. 24

9. Seguridad y uso responsable.. 24

10. Sostenibilidad y rendición de cuentas.. 24

3.5. Enfoques transversales.. 24

3.6 Alineación con la Carta Internacional de Datos Abiertos.. 25

3.7 Alineación con los principios FAIR.. 25

3.8 Ejes estratégicos.. 25

Eje 1. Gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura.. 26

Eje 2. Calidad y gestión del ciclo de vida de los datos.. 27

Eje 3. Infraestructura de datos abiertos.. 28

Eje 4. Datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad.. 28

Eje 5. Capacidades, cultura, participación y reutilización.. 29

Eje 6. Confianza, derechos y uso responsable de los datos.. 30

Eje 7. Sostenibilidad, monitoreo y evaluación.. 31

3.9. Teoría de cambio de la Estrategia.. 31

3.10. Gestión de riesgos y continuidad institucional.. 32

3.11. Criterios de priorización y secuencia de implementación.. 32

4. Gobernanza e implementación.. 33

4.1. Modelo de gobernanza de seis niveles.. 33

4.2. Rectoría y articulación política.. 33

4.3. Consejo Estratégico de Datos Abiertos (multiactor).. 34

4.4. Institución coordinadora y secretaría operativa.. 34

4.5. Comité Técnico de Datos Abiertos.. 34

4.6. Instituciones productoras: la responsabilidad permanece en la fuente.. 35

4.7. Participación y enfoque territorial.. 35

4.8. Seis funciones con responsables propuestos.. 35

4.9. Primera agenda institucional sugerida para 2027.. 36

4.10. Cómo se coordinan las decisiones.. 36

4.11. Formalización, continuidad y salvaguardas.. 36

5. Plan de Acción 2026–2032.. 37

5.1. Fases de implementación.. 37

5.2. Eje 1. Gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura.. 37

E1-01 · Formalizar la gobernanza nacional.. 38

E1-02 · Nombrar responsables institucionales.. 38

E1-03 · Incorporar datos abiertos en la planificación institucional.. 38

E1-04 · Coordinar una agenda nacional común.. 39

E1-05 · Aplicar un modelo simple de gobernanza en cada institución.. 39

5.3. Eje 2. Calidad y gestión del ciclo de vida de los datos.. 40

E2-01 · Saber qué datos existen.. 40

E2-02 · Verificar la calidad y actualización.. 40

E2-03 · Coordinar los catálogos institucionales.. 41

E2-04 · Designar equipos que revisen los datos.. 41

E2-05 · Publicar bases descargables.. 41

E2-06 · Usar metadatos y nombres comunes.. 42

E2-07 · Conservar versiones y series históricas.. 42

5.4. Eje 3. Infraestructura de datos abiertos interoperable.. 42

E3-01 · Mejorar el Portal Nacional.. 42

E3-02 · Automatizar la actualización del Portal.. 43

E3-03 · Escuchar a usuarios del Portal.. 43

E3-04 · Medir cómo se usa el Portal.. 43

E3-05 · Ofrecer acceso automático a datos prioritarios.. 44

E3-06 · Acordar reglas de interoperabilidad.. 44

E3-07 · Asegurar continuidad y seguridad de plataformas.. 45

E3-08 · Facilitar acceso desde territorios y dispositivos móviles.. 45

5.5. Eje 4. Datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad.. 45

E4-01 · Abrir datos útiles para planificar.. 45

E4-02 · Fortalecer datos de presupuesto y gasto.. 46

E4-03 · Actualizar la lista nacional de datos de alto valor.. 46

E4-04 · Mejorar los datos de contrataciones.. 47

E4-05 · Priorizar datos para prevenir corrupción.. 47

E4-06 · Evaluar apertura de datos de beneficiarios finales.. 47

E4-07 · Conectar datos de obras e infraestructura.. 48

E4-08 · Probar datos abiertos en territorios.. 48

E4-09 · Registrar usos y solicitudes de datos.. 48

5.6. Eje 5. Capacidades, cultura, participación y reutilización.. 49

E5-01 · Capacitar a responsables institucionales.. 49

E5-02 · Publicar guías y herramientas prácticas.. 49

E5-03 · Formar a unidades de acceso a la información.. 50

E5-04 · Enseñar a la ciudadanía a usar datos.. 50

E5-05 · Sostener una comunidad de reutilización.. 50

E5-06 · SEGEPLAN: usar datos para planificar.. 51

E5-07 · MINFIN: usar datos para transparencia fiscal y compras.. 51

E5-08 · CNC: usar datos para integridad.. 52

E5-09 · Utilizar datos abiertos para seguimiento de proyectos y territorios.. 52

5.7. Eje 6. Confianza, derechos y uso responsable de los datos.. 52

E6-01 · Decidir qué información puede abrirse.. 53

E6-02 · Reducir riesgos de identificación personal.. 53

E6-03 · Proteger sistemas de publicación e intercambio.. 53

E6-04 · Publicar datos con contexto y uso responsable.. 54

E6-05 · Atender alertas sobre errores o exposición.. 54

5.8. Eje 7. Sostenibilidad, monitoreo y evaluación.. 54

E7-01 · Construir una línea de base nacional.. 55

E7-02 · Publicar un tablero de avances.. 55

E7-03 · Rendir cuentas cada año.. 55

E7-04 · Evaluar cumplimiento institucional.. 56

E7-05 · Asegurar la continuidad operativa de los componentes críticos.. 56

E7-06 · Evaluar resultados en 2028 y 2032.. 56

5.9. Seguimiento del Plan de Acción.. 57

6. Seguimiento, evaluación y aprendizaje.. 57

6.1. Modelo de seguimiento y evaluación.. 57

6.2. Marco de resultados y preguntas de evaluación.. 57

6.3. Línea de base.. 57

6.4 Marco de indicadores.. 58

6.5 Hitos de evaluación estratégica.. 60

6.6 Fuentes, responsables y periodicidad.. 61

6.7 Tablero público de seguimiento.. 61

6.8 Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.. 61

6.9 Evaluación intermedia.. 61

6.10 Evaluación final.. 61

7. Anexos técnicos y referencias.. 62

7.1. Ejemplos de conjuntos de datos de alto valor.. 62

7.2. Participación multisectorial y evidencia del proceso.. 63

7.3. Documentación técnica a desarrollar durante la implementación.. 63

7.4. Referencias bibliográficas y técnicas.. 64

 Introducción y marco general

1.1. Antecedentes

Guatemala cuenta con el antecedente de la Política Nacional de Datos Abiertos 2018–2022, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo No. 199-2018, cuya articulación e implementación correspondió al Ministerio de Gobernación con apoyo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). La política incorporó componentes de gobernanza, apertura institucional, portal nacional, innovación, cultura de transparencia y mecanismos de seguimiento. Su vigencia concluyó en 2022; la nueva Estrategia debe recuperar sus aprendizajes sin asumir que las capacidades existentes son homogéneas.

Una presentación institucional de la GAE sobre el índice de cumplimiento de la Política Nacional de Datos Abiertos 2018–2022 examinó 33 instituciones y reportó al MINFIN con 9.5 puntos, seguido del Ministerio de la Defensa (9.3 puntos), Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de personas (9.2 puntos), entre otras entidades evaluadas (Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, 2022). Esa medición corresponde al ciclo anterior y es evidencia histórica de capacidades, no constituye línea de base para 2026. No se dispone, en los insumos revisados para este borrador, de una evaluación integral que permita atribuir causalmente la discontinuidad posterior a 2022; por ello, la nueva Estrategia incorpora la documentación de acuerdos, procedimientos y capacidades como medidas preventivas de continuidad.

El Gobierno de Guatemala ha venido consolidando su agenda de transformación digital mediante la Mesa de Transformación Digital, como espacio de articulación y coordinación entre las instituciones del Organismo Ejecutivo. En este marco, recientemente se lanzó el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo, instrumento insignia que establece la hoja de ruta para acelerar la transformación digital del Estado.

Como parte de las iniciativas priorizadas en el Plan, se impulsa la formulación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, vinculada con el eje de Gobierno Digital. Esta iniciativa busca articular la apertura y calidad de los datos con la interoperabilidad, la transparencia, la innovación pública, la mejora de los servicios y la protección de derechos. Para conducir este proceso, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) toma el liderazgo de esta iniciativa y estableció un mecanismo de coordinación interinstitucional denominado Grupo Motor, integrado por las entidades con competencias y responsabilidades relacionadas con la gestión, apertura y utilización de los datos públicos.

El Grupo Motor está conformado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) como institución líder, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Recientemente, se incorporaron también el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). El proceso cuenta con el acompañamiento técnico y metodológico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la asesoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

1.2 Justificación

Los datos públicos son un activo para la gestión y el valor público cuando pueden encontrarse, comprenderse, combinarse y utilizarse con confianza. La apertura efectiva contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, pero también a la planificación, la evaluación de políticas, la mejora de servicios, la investigación, la innovación y el desarrollo económico. La simple publicación de documentos no garantiza esos resultados.

La evidencia de los talleres muestra que los problemas actuales se relacionan menos con la inexistencia absoluta de capacidades y más con su dispersión y débil institucionalización. Persisten discontinuidades entre administraciones, ausencia de responsabilidades homogéneas, datos desactualizados, metadatos insuficientes, formatos poco reutilizables, sistemas desconectados y dificultades de búsqueda y acceso. Por ello, el nuevo instrumento debe pasar de una lógica de “publicar datos” a una lógica de “gestionar datos para generar resultados”.

1.3 Alcance de la Estrategia

La Estrategia establece un marco nacional de orientación para la apertura y reutilización de datos públicos. Su ámbito prioritario de implementación es el Organismo Ejecutivo, sin perjuicio de mecanismos de articulación, adhesión, cooperación o interoperabilidad con entidades autónomas y descentralizadas, gobiernos municipales y otros organismos del Estado, de acuerdo con sus competencias y el marco jurídico aplicable.

El alcance comprende la gobernanza de datos abiertos; el ciclo de vida de publicación; calidad, metadatos y estándares; infraestructura  de datos abiertos; priorización de datos de alto valor; participación y reutilización; capacidades; protección de datos personales; seguridad; inclusión; seguimiento y evaluación. No sustituye los regímenes de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo, estadística oficial o seguridad de la información, sino que debe articularse con ellos.

El detalle sobre alcance institucional, competencias, protección de datos, potestades normativas y relación con entidades autónomas y municipalidades será objeto de revisión jurídica con la dependencia legal competente del MINGOB antes de la aprobación, sin atribuir facultades nuevas mediante esta Estrategia.

1.4 Horizonte temporal

El horizonte de la Estrategia es 2026–2032. El cierre de 2026 corresponde a la aprobación, co-creación y establecimiento de condiciones iniciales. El período 2027–2032 concentra la ejecución, escalamiento, evaluación y aprendizaje. La Estrategia deberá ser objeto de una revisión intermedia y de una evaluación final que sirva de base para el siguiente ciclo.

1.5 Metodología de formulación

La formulación sigue la lógica secuencial de planificación promovida por SEGEPLAN: preparación y organización; diagnóstico y análisis de la situación; definición de objetivos; formulación del marco estratégico; plan de acción; validación y aprobación; implementación; y seguimiento y evaluación. Estas etapas se aplicaron de forma iterativa para mantener trazabilidad entre el problema público, los hallazgos participativos, los ejes, las acciones y los indicadores.

Como parte del proceso metodológico, se realizó un ejercicio de análisis comparado, benchmarking, de políticas y estrategias de datos abiertos implementadas en distintos países de América Latina. Este análisis permitió identificar enfoques, principios, modelos de gobernanza, estructuras estratégicas, mecanismos de implementación y prácticas de seguimiento relevantes para el contexto nacional.

Asimismo, se consideraron los principios y estándares establecidos en la Carta Internacional de Datos Abiertos y otros marcos internacionales aplicables. Las experiencias analizadas se utilizaron como referentes técnicos y comparativos, sin trasladar automáticamente al país modelos institucionales, competencias o disposiciones diseñadas para otros contextos. Su incorporación se realizó de manera selectiva, atendiendo al marco jurídico, las capacidades institucionales y las prioridades de Guatemala.

1.6 Proceso de co-creación y participación multisectorial

La formulación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos se desarrolló mediante un proceso participativo y progresivo que permitió incorporar las perspectivas de instituciones públicas, sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, academia y centros de investigación. El proceso combinó espacios presenciales de cocreación, herramientas digitales de participación, revisión técnica y mecanismos de devolución institucional.

Los aportes recopilados se sistematizaron mediante una codificación temática que permitió identificar problemas recurrentes, coincidencias entre sectores, perspectivas diferenciadas y propuestas de acción. Posteriormente, estos resultados se vincularon con la visión, los principios, los ejes estratégicos, las líneas de acción y los indicadores de la Estrategia, asegurando la trazabilidad entre la evidencia participativa y el contenido del instrumento.

 1. Talleres de cocreación del diagnóstico y marco estratégico

La primera fase participativa comprendió tres talleres sectoriales realizados los días 25, 26 y 27 de agosto de 2026. Cada jornada convocó a un grupo específico de actores:

 El 25 de agosto participaron instituciones públicas productoras, rectoras y usuarias de datos.

  • El 26 de agosto participaron organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.

  • El 27 de agosto participaron representantes del sector privado, universidades y centros de investigación.

En conjunto, las jornadas registraron 136 participaciones y la representación de más de 70 instituciones y organizaciones. De estos registros, 61 correspondieron al taller con instituciones públicas, 43 al taller con sociedad civil y medios de comunicación, y 32 al taller con sector privado y academia. Estas cifras corresponden a registros de asistencia y no necesariamente a personas únicas, debido a que integrantes del equipo organizador y de las instituciones coordinadoras participaron en más de una jornada.

Los talleres partieron del reconocimiento de las capacidades, iniciativas y experiencias existentes en el país. Su propósito fue construir colectivamente un diagnóstico del ecosistema nacional de datos abiertos y recopilar insumos para definir la visión, los objetivos y las prioridades de la Estrategia.

Aunque las actividades se adaptaron a las características de cada sector, las tres jornadas siguieron una metodología común que abordó cuatro componentes:

  • Diagnóstico de la situación actual, mediante la identificación de fortalezas, brechas, barreras y problemas relacionados con la producción, gestión, publicación, acceso y reutilización de los datos.

  • Construcción de una visión compartida, orientada a definir las características deseadas para el ecosistema nacional de datos abiertos y los cambios que deberían alcanzarse hacia el horizonte de la Estrategia.

  • Identificación de condiciones habilitantes, incluyendo aspectos de gobernanza, normativa, capacidades, infraestructura, interoperabilidad, financiamiento, confianza y coordinación institucional.

  • Formulación y priorización de propuestas, considerando su valor público, urgencia, impacto y factibilidad, así como la identificación de datos de alto valor y posibles responsabilidades institucionales.

Las jornadas combinaron presentaciones introductorias, intercambio de experiencias, preguntas interactivas mediante Mentimeter, trabajo en mesas temáticas, ejercicios colectivos de diagnóstico y priorización, y herramientas de sistematización colaborativa como Miro.

Durante los tres días, las mesas de trabajo contaron con el acompañamiento de las instituciones integrantes del Grupo Motor, cuyos representantes apoyaron la conducción metodológica, la orientación de las discusiones y la sistematización inicial de los aportes. Su participación permitió mantener criterios comunes entre los talleres, aclarar aspectos institucionales y técnicos, y asegurar la vinculación de las propuestas con el proceso de formulación de la Estrategia.

Cada sector aportó una perspectiva particular. Las instituciones públicas enfatizaron la necesidad de fortalecer la rectoría, las responsabilidades, los estándares, la interoperabilidad, el financiamiento y la continuidad institucional. La sociedad civil y los medios destacaron la transparencia, la protección de derechos, la inclusión, la desagregación de la información, la pertinencia territorial y la participación ciudadana. El sector privado y la academia priorizaron la calidad, documentación y accesibilidad de los datos, así como su reutilización para investigación, innovación, desarrollo de servicios e inteligencia artificial.

A pesar de estas diferencias, los tres sectores coincidieron en la necesidad de contar con una gobernanza clara, datos actualizados y de calidad, infraestructura interoperable, un Portal Nacional funcional, mayores capacidades institucionales y mecanismos adecuados para proteger los datos personales y sensibles.

La sistematización de estos aportes permitió construir el diagnóstico participativo y una primera propuesta del marco estratégico, integrada por la visión, los principios rectores y siete ejes estratégicos. Este marco preliminar se utilizó como base para la siguiente etapa de revisión y validación institucional.

 2. Taller de validación técnica y hoja de ruta de implementación

El 22 de octubre de 2026 se realizó el Taller de Validación y Hoja de Ruta de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, como una segunda fase del proceso participativo. La jornada estuvo dirigida exclusivamente a instituciones del Organismo Ejecutivo, debido a que su propósito principal fue revisar la viabilidad de la hoja de ruta, precisar las responsabilidades institucionales y analizar las condiciones necesarias para implementar las acciones propuestas. El taller contó con la participación de 50 personas representantes de las instituciones convocadas.

A diferencia de los talleres sectoriales de agosto, esta jornada no partió de una construcción abierta, sino de un borrador previamente estructurado a partir de los aportes de las instituciones públicas, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y la academia, así como de la revisión documental y los insumos técnicos recopilados durante la formulación.

Durante el taller se presentaron los principales resultados del proceso de cocreación, el diagnóstico consolidado, la visión, los principios rectores, los siete ejes estratégicos y la propuesta preliminar del Plan de Acción. El objetivo fue someter estos contenidos a revisión técnica, valorar la pertinencia y factibilidad de las acciones propuestas, y avanzar en la definición de prioridades, instituciones responsables y corresponsables, temporalidad, resultados, indicadores y condiciones de implementación.

 Los talleres no se interpretan como una encuesta estadísticamente representativa de la población nacional. Sus resultados constituyen evidencia cualitativa y cuantitativa del proceso participativo y se utilizan para identificar patrones, prioridades y áreas de convergencia. Las decisiones normativas o institucionales requieren validación de las autoridades competentes.

 Sistematización, trazabilidad y continuidad de la participación

La documentación del proceso comprende agendas, materiales metodológicos, presentaciones, registros de asistencia, resultados de las herramientas interactivas, matrices de trabajo y observaciones institucionales. Estos insumos conforman el expediente de participación y permiten demostrar cómo los aportes recibidos se incorporaron, modificaron o trasladaron a las distintas secciones de la Estrategia.

La participación continuará mediante la Plataforma de Participación Ciudadana del Gobierno de Guatemala (participacionciudadan.gob.gt), en la cual se publicará la versión preliminar de la Estrategia para recibir comentarios y propuestas. Los resultados de esta consulta serán sistematizados y considerados en la elaboración de la versión final, con el propósito de mantener abierto el proceso, ampliar la participación y dar trazabilidad a las contribuciones recibidas

 

1.7 Articulación con políticas, planes y estrategias nacionales

La Estrategia se articula con la Política General de Gobierno 2024–2028, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, así como con el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo. Además, adopta un criterio de articulación práctica: aprovechar capacidades e iniciativas que ya operan en el Estado y conectarlas mediante estándares, gobernanza, servicios e indicadores comunes, en lugar de crear nuevos silos.

 

Tabla 1:  Articulación con iniciativas

Iniciativa / actor

Aporte a la Estrategia

Ejes vinculados

SEGEPLAN:
 El Poder de los Datos

Planificación basada en evidencia, fortalecimiento de registros administrativos, interoperabilidad, información geográfica y capacidades de análisis.

Ejes 1, 3, 4, 5 y 7

MINFIN: Transparencia Fiscal y Datos Abiertos

Presupuesto, gasto, inversión, contrataciones, finanzas territoriales, participación de usuarios y reutilización de datos fiscales.

Ejes 2, 3, 4, 5 y 7

CNC:

PIDA -  prevención de la corrupción

Identificación preventiva de riesgos, integridad pública, auditoría social, seguimiento y uso de datos para recomendaciones de mejora institucional.

Ejes 1, 4, 5 y 7

CNC: usos territoriales de datos abiertos

Experiencia interinstitucional de apertura, herramientas y auditoría social alrededor de inversión y proyectos territoriales/CODEDE.

Ejes 4, 5 y 7

 

La articulación no implica trasladar la rectoría de la Estrategia a estas iniciativas. Significa usar la Estrategia como marco común para conectar agendas, compartir estándares, ordenar responsabilidades y medir resultados conjuntos.

1.8 Vinculación con compromisos y estándares internacionales

La Estrategia se vincula de manera prioritaria con la Agenda 2030 y las Prioridades Nacionales de Desarrollo de Guatemala. Los vínculos más directos se encuentran en el ODS 16, instituciones eficaces, transparentes, participativas y acceso a la información, y el ODS 17, coherencia de políticas, alianzas y disponibilidad de datos de calidad, oportunos y desagregados. También se reconocen contribuciones habilitantes a la igualdad, inclusión, innovación y desarrollo territorial. Esta vinculación se operacionaliza en el Marco Estratégico y evita asociar mecánicamente cada actividad con un ODS sin explicar su mecanismo de contribución (SEGEPLAN, 2019).

Como referencia internacional específica se adopta la Carta Internacional de Datos Abiertos: (1) abiertos por defecto; (2) oportunos y exhaustivos; (3) accesibles y utilizables; (4) comparables e interoperables; (5) para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana; y (6) para el desarrollo incluyente y la innovación. Estos principios se desarrollan en el apartado 3.6 y deberán orientar los lineamientos técnicos derivados de la Estrategia.

 

2. Análisis de situación

2.1. Contexto nacional de los datos abiertos

Guatemala no parte de cero. Existen portales, equipos técnicos, iniciativas de transparencia, gobierno abierto, estadística, transformación digital e interoperabilidad, así como instituciones que publican información verificable y de utilidad. Sin embargo, estas capacidades se desarrollan con niveles de madurez heterogéneos y no siempre se sostienen mediante reglas comunes, recursos, responsables y ciclos de actualización.

En el panorama internacional, la segunda edición del Barómetro Global de Datos asigna a Guatemala una puntuación general de 40.71 sobre 100, superior al promedio de 36.82 de los países evaluados. El país publica información en línea en cinco de los diez ámbitos examinados: presupuesto y gasto público, contratación pública, financiamiento político, desempeño del derecho de acceso a la información y uso de la tierra. Asimismo, cuenta con disposiciones legales, políticas o reglamentarias que respaldan la recopilación y publicación de datos en cinco de los siete ámbitos evaluados. Estos resultados muestran que Guatemala dispone de bases institucionales y experiencias sectoriales relevantes, aunque la cobertura de los datos todavía es desigual y no se extiende de manera consistente a todas las áreas de interés público. (Global Data Barometer, 2025)

Las principales fortalezas se concentran en finanzas públicas, con 91.08 puntos, y contratación pública, con 78.84 puntos, lo que evidencia avances en la regulación y disponibilidad de información presupuestaria, de gasto y adquisiciones del Estado. En contraste, persisten brechas importantes en información sobre empresas y beneficiarios finales, protección e intercambio de datos, interoperabilidad vinculada con integridad pública, acceso equitativo y apoyo gubernamental a la reutilización. En conjunto, el Barómetro sitúa a Guatemala por encima del promedio general, pero confirma la necesidad de extender los avances sectoriales hacia un sistema nacional más coordinado, inclusivo y sostenible, con estándares comunes que permitan mejorar la disponibilidad, calidad y reutilización de los datos para generar valor público.

La Política General de Gobierno 2024–2028 y el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo refuerzan un contexto favorable para la articulación de los datos abiertos con la modernización del Estado. El reto es convertir iniciativas dispersas en una arquitectura nacional que permita continuidad, calidad y reutilización.

Como antecedente nacional, el Índice de Datos Abiertos 2023, publicado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y elaborado en coordinación con Red Ciudadana, evaluó el nivel de apertura de la información en 14 ministerios del Organismo Ejecutivo.

La medición consideró aspectos como la producción y disponibilidad de datos, acceso, plataformas de publicación, frecuencia de actualización, licencias, formatos, legibilidad y gobernanza. Los resultados evidenciaron diferencias importantes entre instituciones: el Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo la calificación más alta, con 8 puntos; los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación alcanzaron 6 puntos.

El estudio identificó como principales brechas la publicación de información en formatos poco reutilizables, especialmente PDF; la actualización irregular de los conjuntos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos; la ausencia de interfaces de programación de aplicaciones (API) para acceder automáticamente a información relevante; y las diferencias institucionales en el conocimiento y aplicación de los principios de datos abiertos. Entre sus recomendaciones plantea fortalecer las capacidades institucionales, establecer planes de apertura adaptados a cada entidad, mejorar la frecuencia y calidad de actualización, adoptar estándares comunes, desarrollar mecanismos de acceso automatizado y ampliar la colaboración con sociedad civil, academia y sector privado. Debido a que el propio documento señala que la revisión de portales y las solicitudes de información se realizaron en noviembre y diciembre de 2019, sus resultados deben interpretarse como un antecedente diagnóstico y no como una medición actualizada de la situación institucional en 2023.

El presente diagnóstico se construye sobre una premisa: una estrategia nacional de datos abiertos debe explicar no solo qué falta, sino por qué persisten las brechas, qué capacidades ya existen, dónde se concentra el valor y cuáles son las decisiones estratégicas necesarias. La literatura muestra que la publicación por sí sola no garantiza uso ni impacto; los resultados dependen de gobernanza, calidad, metadatos, capacidades, mecanismos de interacción con usuarios y condiciones de reutilización (Safarov, Meijer, & Grimmelikhuijsen, 2017; Zuiderwijk, Janssen, & Davis, 2014).

La base de evidencia combina cuatro fuentes: (a) revisión documental y normativa; (b) tres talleres sectoriales de co-creación con Gobierno, sociedad civil y medios, y sector privado/academia; (c) instrumentos participativos como Mentimeter y Miro, entrevistas y consultas; y (d) evidencia externa de organismos internacionales, evaluaciones comparadas y literatura académica. El análisis utiliza triangulación para identificar recurrencias, contrastes y explicaciones plausibles del problema.

  Tabla 2. Fuentes y alcance probatorio del diagnóstico

Fuente de evidencia

Unidad de análisis

Qué permite sostener

Talleres, Miro, Mentimeter, entrevistas y consultas

Participantes y sectores convocados

Recurrencias, prioridades, barreras, casos de uso y tensiones

Documentos, normas, portales e iniciativas institucionales

Instituciones, instrumentos y servicios concretos

Existencia de capacidades, mandatos, procesos y activos de datos

Global Data Barometer y OECD

Indicadores comparados en dominios específicos

Fortalezas sectoriales y brechas entre regulación, práctica y disponibilidad

Literatura académica y marcos internacionales

Evidencia comparada y modelos conceptuales

Mecanismos plausibles de valor: gobernanza, calidad, uso, retroalimentación y confianza

 Para fortalecer la validez del diagnóstico, las afirmaciones se interpretan según el tipo de evidencia. La evidencia participativa identifica patrones, prioridades y explicaciones desde los actores; los registros y documentos institucionales permiten verificar estructuras y capacidades; los índices comparados ubican fortalezas o brechas relativas; y la literatura especializada sustenta mecanismos causales. Ninguna fuente se utiliza de forma aislada para inferir el desempeño completo del ecosistema nacional.

2.2 Definición del problema público

Problema público

Guatemala dispone de activos de datos y experiencias relevantes, pero carece de un sistema nacional suficientemente institucionalizado, interoperable y orientado al uso que garantice de manera consistente la calidad, actualización, documentación, accesibilidad, protección y reutilización de los datos públicos. Como resultado, el valor de los datos depende con frecuencia de esfuerzos institucionales o personales aislados, se elevan los costos de encontrar y combinar información y se limita su utilización sistemática para decisiones, transparencia, integridad, servicios, investigación e innovación.

 La hipótesis causal del diagnóstico identifica cinco mecanismos que se refuerzan entre sí: gobernanza fragmentada; gestión desigual del ciclo de vida de los datos; baja interoperabilidad; apertura insuficientemente orientada a demanda y resultados; y capacidades, salvaguardas y recursos que no siempre están institucionalizados. En consecuencia, el problema no puede resolverse con un portal nuevo o con una meta de “más datasets”; requiere actuar sobre el sistema que produce, mantiene, conecta y utiliza los datos (OECD, 2019; Ubaldi, 2013).

 Guatemala no cuenta todavía con un sistema nacional de datos abiertos suficientemente institucionalizado, articulado y sostenible que garantice de forma homogénea la gobernanza, calidad, actualización, documentación, interoperabilidad, accesibilidad y reutilización de los datos públicos. Esta situación produce información dispersa, desactualizada, poco documentada o publicada en formatos de baja reutilización; reduce la confianza y capacidad de uso por parte de la ciudadanía, las instituciones públicas, la academia y el sector privado; y limita el aprovechamiento de los datos para la transparencia, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, la prestación de servicios, la investigación y la innovación.

 Causas estructurales

Gobernanza y rectoría insuficientemente definidas; roles institucionales heterogéneos y baja continuidad entre administraciones.

Marco técnico y regulatorio fragmentado para publicación, intercambio, licenciamiento, privacidad, seguridad y reutilización.

Procesos de gestión de datos con estándares desiguales en inventarios, metadatos, calidad, actualización, diccionarios y trazabilidad.

Sistemas desconectados, baja interoperabilidad y predominio de publicación manual o basada en documentos no estructurados.

Capacidades y recursos desiguales, rotación de personal y ausencia de perfiles dedicados en varias instituciones.

Priorización de oferta institucional por encima de demanda, problemas públicos, usos y resultados verificables.

Efectos

Dificultad para encontrar, comprender, cruzar y reutilizar datos públicos.

Menor confianza de usuarios, empresas, investigadores y ciudadanía en la estabilidad y procedencia de los datos.

Menor capacidad para evaluar políticas, mejorar servicios y tomar decisiones oportunas basadas en evidencia.

Barreras para el periodismo de datos, la auditoría social, la innovación, la investigación y el desarrollo de soluciones digitales.

Riesgos de exclusión territorial, lingüística y digital cuando el acceso depende de herramientas complejas o información poco desagregada.

2.3. Estado actual del ecosistema de datos abiertos

El Portal Nacional de Datos Abiertos de Guatemala, actualmente bajo el liderazgo y la implementación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), opera mediante la plataforma CKAN y se encuentra disponible en https://catalogo.senacyt.gob.gt/. El portal constituye el catálogo central para facilitar el acceso, descubrimiento y reutilización de los datos publicados por las instituciones.

De acuerdo con una consulta pública realizada en octubre de 2026, el portal registraba 654 conjuntos de datos y 51 organizaciones. Debido a que estas cifras se actualizan de manera dinámica, deberán presentarse con su respectiva fecha de corte en el informe de línea de base. Asimismo, el catálogo contiene recursos en formatos como CSV, XLSX, JSON y XML. No obstante, la disponibilidad de estos formatos en determinados conjuntos de datos no garantiza que todo el catálogo cumpla de manera homogénea con criterios de calidad, actualización, documentación y licenciamiento.

Este servicio coexiste con portales sectoriales, como el de Transparencia Fiscal y Datos Abiertos del MINFIN (https://datos.minfin.gob.gt/), y plataformas de datos institucionales de planificación. La arquitectura futura deberá interoperar o federar catálogos y metadatos, conservando la responsabilidad de cada productor, y no asumir que todos los conjuntos deben migrar físicamente a un repositorio único.

Los resultados del proceso de cocreación permiten comprender las condiciones institucionales que actualmente limitan el funcionamiento de este ecosistema. En el taller dirigido a instituciones de Gobierno, la autoevaluación —realizada en una escala de 1 a 3— se concentró en niveles intermedios. La dimensión de metadatos obtuvo una valoración promedio de 1.9; los inventarios, la calidad, la interoperabilidad y el marco normativo se situaron alrededor de 2.1; y las capacidades del personal alcanzaron 2.5. Estos resultados sugieren que existen conocimientos y capacidades humanas, pero todavía faltan mecanismos institucionales y técnicos que permitan convertirlos en prácticas homogéneas, coordinadas y sostenibles.

La continuidad de la publicación constituye una de las principales brechas identificadas. De las 30 respuestas obtenidas sobre la actualización del Portal Nacional de Datos Abiertos, 9 indicaron que no actualizan información, 14 que lo hacen ocasionalmente y 7 que la actualizan con frecuencia. En conjunto, 23 de las 30 respuestas, equivalentes al 76.7 %, se concentraron entre las categorías “no actualiza” y “actualiza ocasionalmente”. Este hallazgo refuerza la necesidad de incorporar la asignación de responsables, la periodicidad de actualización y el mantenimiento de los conjuntos de datos como componentes centrales de la Estrategia, y no como tareas posteriores a la publicación.

Estos resultados deben interpretarse con cautela. Las cifras reflejan únicamente las respuestas de las personas que participaron en el taller de Gobierno y no constituyen una estimación representativa de la totalidad de las instituciones del Organismo Ejecutivo. El número definitivo de participantes e instituciones representadas deberá consignarse en el Anexo.

 Los aportes de los demás sectores complementaron este diagnóstico desde la perspectiva de quienes buscan, utilizan y reutilizan los datos. La sociedad civil y los medios de comunicación destacaron la necesidad de contar con información actualizada, accesible, desagregada, territorialmente pertinente y disponible en formatos que permitan su cruce y análisis. Por su parte, el sector privado, la academia y los centros de investigación enfatizaron la confiabilidad necesaria para la reutilización, incluyendo interfaces de programación de aplicaciones —API—, series históricas, información sobre la procedencia de los datos, estándares comunes y, cuando resulte pertinente, datos en tiempo real.

En conjunto, los hallazgos muestran una convergencia entre las necesidades de quienes producen, publican, buscan y reutilizan información. El desafío no consiste únicamente en disponer de más portales o publicar una mayor cantidad de conjuntos de datos, sino en consolidar un ecosistema articulado, interoperable y sostenible, con responsabilidades institucionales definidas y condiciones que aseguren la calidad, actualización y reutilización de la información.

 Tabla 3. Autoevaluación institucional: dimensiones de madurez (escala de 1 a 3)

Dimensión

Puntuación (1–3)

Producción organizada

2.3

Inventarios

2.1

Calidad

2.1

Actualización

2.3

Formatos reutilizables

2.2

Metadatos

1.9

Interoperabilidad

2.1

Infraestructura tecnológica

2.3

Roles

2.2

Marco normativo

2.1

Coordinación

2.3

Capacidades del personal

2.5

Fuente: Taller de Gobierno, agosto de 2026. El número de respuestas varía según pregunta (aprox. 30–34); los puntajes expresan percepción de quienes participaron, no medición institucional representativa.

2.4. Marco normativo y regulatorio

La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) constituye un marco central para el derecho de acceso, las obligaciones de transparencia, la información reservada y confidencial y el habeas data. Los datos abiertos amplían la lógica de transparencia activa hacia la publicación en formatos que permitan descarga, procesamiento y reutilización, por lo que requieren lineamientos técnicos complementarios.

Durante 2025 y 2026 se discutieron propuestas legislativas relativas a protección de datos personales y otras materias digitales. El título, número y estado de cada iniciativa específica deberán verificarse en los expedientes oficiales del Congreso antes de nombrarla; esta Estrategia no presume su aprobación. Mientras tanto, la apertura estará sujeta al marco jurídico vigente, incluida la Ley de Acceso a la Información Pública, y aplicará clasificación, minimización, anonimización y evaluación proporcional de riesgos.

Los talleres utilizaron indistintamente expresiones como ley, reglamento, acuerdo, política o lineamiento. La Estrategia convierte esa demanda en una línea de acción concreta: realizar una revisión jurídica y construir una arquitectura normativa escalonada que determine qué materias requieren norma legal, acuerdo gubernativo, instrumento administrativo o estándar técnico.

La aplicación del artículo 10 del Decreto 57-2008 (Ley de Acceso a la Información Pública) ofrece un punto de partida para identificar información pública de oficio. Su transformación en conjuntos reutilizables requiere criterios técnicos y revisión jurídica adicionales, y no debe confundirse con una obligación legal general de publicar toda información en formatos abiertos. Asimismo, corresponde examinar, según la materia, la normativa de simplificación de trámites, contratación pública, gestión presupuestaria, derechos de autor y seguridad de la información. Esta revisión deberá identificar la base legal de cada función propuesta y las alternativas de formalización, sin presumir que el borrador crea obligaciones o atribuciones nuevas.

La selección del instrumento de aprobación y el detalle de funciones de coordinación quedan sujetos a dictamen jurídico. La Estrategia se presenta como instrumento de planificación estratégica interinstitucional; la formalización, alcance y naturaleza de sus disposiciones deberán ser determinados por las autoridades competentes.

2.5. Marco institucional

El ecosistema involucra instituciones productoras de datos, instancias de planificación, gobierno digital, ciencia y tecnología, transparencia, estadística, seguridad de la información y entidades sectoriales. El Grupo Motor constituye el espacio de coordinación de la formulación, pero el proceso participativo señala la necesidad de una estructura permanente con responsabilidades nacionales e institucionales claramente definidas.

2.6. Gobernanza y coordinación interinstitucional

La gobernanza fue el consenso más fuerte de los tres talleres. Gobierno demandó rectoría, responsabilidades, continuidad y coordinación; sociedad civil pidió una instancia clara, participación multiactor y seguimiento; sector privado y academia insistieron en reglas claras y certeza institucional. La brecha no se resuelve únicamente con una nueva plataforma: requiere un modelo que defina quién decide, quién administra estándares, quién publica, quién monitorea y cómo participan los usuarios.

2.7. Oferta de datos públicos

El proceso identificó una oferta heterogénea, con instituciones que publican datos estructurados y otras que dependen de documentos PDF, tableros sin descarga o repositorios dispersos. La apertura debe reconocer la diversidad sectorial, pero asegurar un conjunto mínimo nacional de formatos, metadatos, periodicidad, licenciamiento y documentación.

2.8 Demanda y necesidades de información

La demanda recogida en los talleres se concentra en problemas y decisiones concretas. Sociedad civil prioriza transparencia, justicia, violencia contra las mujeres, gasto, salud, niñez, ambiente y territorio; sector privado y academia enfatizan salud, educación, empleo, infraestructura, compras públicas, transporte, inversiones, ciencia y tecnología; Gobierno identifica necesidades para planificación, servicios, fiscalización, programas sociales y gestión institucional.

Datos desactualizados, incompletos o de calidad irregular son una de las barreras más recurrentes. La calidad debe gestionarse durante todo el ciclo de vida: diseño del registro, captura, validación, transformación, publicación, revisión, versionamiento y archivo. Publicar una vez no es suficiente; la actualización conforme a una frecuencia definida es parte del estándar de apertura.

Los usuarios demandan datos crudos descargables además de visualizaciones. La Estrategia establece que, cuando corresponda, los tableros deben ser una capa de consumo y no un sustituto de la base de datos. Los formatos deberán ser abiertos y legibles por máquina; el licenciamiento será estandarizado mediante lineamiento nacional, evitando restricciones discriminatorias a la reutilización y respetando las limitaciones legales aplicables.

La Estrategia debe medir usos, no solamente publicaciones. Las posibilidades identificadas incluyen auditoría social, periodismo, investigación, innovación, productos y servicios digitales, planificación, gestión de riesgos, análisis territorial, inteligencia artificial y mejora de servicios públicos. El valor se genera cuando el dato resuelve una pregunta, reduce una barrera o habilita una decisión.

2.9 Infraestructura tecnológica

La infraestructura aparece como un habilitador y no como el punto de partida. Los talleres mencionan servidores, nube, APIs, seguridad, conectividad y resiliencia, pero también advierten que la inversión tecnológica sin gobernanza, procesos y capacidades no resolverá las brechas. La infraestructura deberá ser escalable, interoperable, auditable y coherente con la arquitectura digital del Organismo Ejecutivo.

El Portal Nacional de Datos Abiertos es actualmente el servicio central disponible para búsqueda y publicación de conjuntos por las organizaciones registradas. Su modernización deberá partir de una auditoría técnica y de experiencia de usuario que examine metadatos, enlaces, buscabilidad, seguridad, actualización, accesibilidad y continuidad operativa, sin desconocer el papel de los portales institucionales.

2.10 Interoperabilidad e intercambio de datos

La interoperabilidad es el segundo gran consenso estructural. Se requieren estándares semánticos, organizativos, normativos y técnicos para que los sistemas puedan intercambiar información de forma segura. La Estrategia diferenciará dos conceptos relacionados pero distintos: interoperabilidad para intercambio controlado entre instituciones y datos abiertos para acceso público y reutilización. Un dato intercambiado entre instituciones no necesariamente es publicable; un dato abierto no necesariamente requiere integración transaccional.

2.11 Capacidades institucionales y talento humano

Las personas participantes destacaron conocimientos y experiencias técnicas disponibles, pero también rotación de personal, responsabilidades difusas y falta de perfiles institucionalizados. El reto es convertir conocimiento individual en capacidad organizacional. Se propone un marco de competencias diferenciado para responsables de datos, tecnología, planificación, transparencia, áreas jurídicas y equipos sustantivos, con documentación y mecanismos de suplencia.

2.12. Participación ciudadana y mecanismos de retroalimentación

Los talleres proponen comités de usuarios, espacios de cocreación, observatorios, canales de retroalimentación y laboratorios. La participación deberá institucionalizarse como parte del ciclo de datos: identificar demanda, priorizar apertura, evaluar utilidad, reportar errores y documentar casos de reutilización.

Como precedente sectorial existe el Comité de Usuarios de Datos Abiertos (CUDA) del MINFIN, que reúne a actores usuarios de información fiscal, recibe demandas y da seguimiento a solicitudes. Es una experiencia institucional específica; no equivale por sí misma a un mecanismo nacional de participación y debe aprovecharse como aprendizaje para la gobernanza propuesta. Fuente: https://www.prensa.gob.gt/comunicado/comite-de-usuarios-de-datos-abiertos-analiza-avances-y-retos-del-barometro-global-de

2.13 Inclusión, accesibilidad y enfoque territorial

La sociedad civil destacó con especial fuerza la dimensión territorial, de pueblos indígenas, género, idioma, discapacidad y brecha digital. La apertura debe considerar desagregaciones pertinentes y seguras, lenguaje claro, accesibilidad web, formatos de bajo consumo de ancho de banda y mecanismos de difusión que no dependan exclusivamente de capacidades técnicas avanzadas.

2.14 Protección de datos personales, seguridad y gestión de riesgos

La apertura responsable requiere clasificar la información y aplicar salvaguardas según riesgo. La protección de datos personales y la ciberseguridad no deben convertirse en argumentos generales para cerrar información pública; deben traducirse en reglas de minimización, anonimización, evaluación de impacto, control de acceso cuando corresponda, gestión de incidentes y trazabilidad.

2.15. Experiencias nacionales relevantes

El país cuenta con experiencias sectoriales de portales, transparencia fiscal, compras públicas, estadísticas y plataformas institucionales que demuestran que es posible publicar datos de calidad y construir servicios de información. La Estrategia propone que estas experiencias sean utilizadas como laboratorios de estándares, interoperabilidad, documentación y reutilización, en lugar de crear mecanismos paralelos que fragmenten aún más el ecosistema.

Ejemplos verificables incluyen: (i) el Portal Nacional administrado mediante CKAN por SENACYT, que articula oferta de distintas instituciones; (ii) el Portal de Datos Abiertos del MINFIN, que publica información presupuestaria y fiscal descargable y dispone de una política sectorial de publicación; (iii) los servicios de apertura de datos de planificación de SEGEPLAN; y (iv) la publicación de información de contratación y los esfuerzos para adoptar OCDS en compras públicas. Estos casos deben analizarse por su contribución específica (datos disponibles, calidad, estándares, demanda, sostenibilidad), evitando presentarlos como representativos de la totalidad del Estado.

2.16. Experiencias y buenas prácticas internacionales

La Estrategia Nacional de Datos del Uruguay 2030 es una referencia útil por su estructura clara: principios rectores, ejes temáticos, líneas de acción y un proceso explícito de cocreación, seguimiento y revisión. La experiencia demuestra la conveniencia de tratar los datos como un activo público, combinar gobernanza con capacidades e infraestructura, y conectar la gestión de datos con resultados de desarrollo. Guatemala adopta esa lógica sin trasladar automáticamente el modelo institucional uruguayo.

2.17. Brechas identificadas

Tabla 4: Brechas identificadas

Brecha

Síntesis

Normativas

Dispersión de instrumentos; incertidumbre sobre publicación, protección, licenciamiento e intercambio; necesidad de arquitectura normativa coherente.

Institucionales

Rectoría y roles no suficientemente claros; continuidad débil; comités y responsables heterogéneos; baja integración con planificación y presupuesto.

Tecnológicas

Sistemas desconectados; publicación manual; portales dispersos; limitada automatización y acceso por API.

Capacidades

Rotación; ausencia de perfiles dedicados; formación desigual en calidad, metadatos, interoperabilidad, privacidad y reutilización.

Calidad y disponibilidad

Actualización irregular; metadatos incompletos; escasa trazabilidad; ausencia de series históricas y diccionarios en varios conjuntos.

Acceso y reutilización

Dificultad de búsqueda; PDF y tableros sin descarga; barreras de UX; baja accesibilidad e insuficiente retroalimentación de usuarios.

2.18. Oportunidades para el desarrollo de los datos abiertos

Profundizar la articulación ya iniciada entre la Estrategia, el Plan Estratégico de Transformación Digital y los mecanismos de interoperabilidad, mediante acuerdos operativos, responsabilidades y estándares compartidos.

Aprovechar capacidades técnicas existentes y convertirlas en estándares y comunidades de práctica.

Priorizar datos de alto valor vinculados con servicios, transparencia, derechos, territorio, investigación e innovación.

Modernizar el Portal Nacional de Datos Abiertos como catálogo y servicio de descubrimiento, no sólo como repositorio de archivos.

Impulsar usos avanzados, incluida IA responsable, a partir de datos bien documentados, confiables y con procedencia verificable.

La continuidad institucional es un desafío transversal que requiere particular atención durante el cambio de administración de 2028. La evidencia disponible no permite afirmar cuáles serán las decisiones organizativas futuras; por ello, resulta pertinente prever mecanismos de transferencia documental, resguardo de datos y registros, suplencia de enlaces, revisión de acuerdos y conservación de series e indicadores. Estas medidas no atribuyen nuevas responsabilidades ni anticipan modificaciones de estructuras existentes.

La demanda multisectorial identificó datos sociales y territoriales —incluidas temáticas de salud, educación, ambiente, atención a mujeres, niñez y riesgos— además de finanzas públicas, contratación e integridad. Su incorporación a la cartera de alto valor deberá depender de evidencia de utilidad, disponibilidad, condiciones de publicación y viabilidad jurídica, sin asignar obligaciones a instituciones ajenas al ámbito de esta propuesta.

2.19. Desafíos estratégicos priorizados

Institucionalizar la gobernanza nacional y asegurar continuidad.

Elevar la calidad, actualización y documentación de los datos.

Interoperar sistemas y modernizar servicios de publicación y acceso.

Orientar la apertura hacia datos de alto valor, demanda y resultados.

Desarrollar capacidades y una cultura de uso y reutilización.

Garantizar confianza mediante privacidad, seguridad, inclusión y uso responsable.

 3. Marco estratégico

El Marco Estratégico se formula como una jerarquía de decisiones. La visión define el estado futuro; el propósito y el objetivo general expresan la contribución pública; los objetivos y resultados estratégicos especifican los cambios que deben producirse; los ejes concentran capacidades alrededor de esos cambios; y las líneas de acción delimitan campos de intervención. Las actividades, proyectos y fechas pertenecen al Plan de Acción y a la programación anual. Esta separación es consistente con los lineamientos de planificación pública: evita confundir estrategia con cronograma y permite adaptar la implementación sin perder dirección (SEGEPLAN, 2022).

3.1. Visión al 2032

Para 2032, Guatemala contará con un ecosistema nacional de datos abiertos confiable, actualizado, interoperable, inclusivo y sostenible, con una gobernanza y responsabilidades claramente definidas, estándares comunes y salvaguardas adecuadas para la protección de datos. La información pública podrá encontrarse, comprenderse, descargarse, combinarse y reutilizarse fácilmente, generando valor para mejorar las decisiones y los servicios públicos, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, e impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico y social.

3.2. Misión

Institucionalizar un ecosistema nacional de datos abiertos que convierta los datos públicos en un activo confiable y reutilizable para la gestión pública, la transparencia, la participación, la investigación, la innovación y el desarrollo, con un enfoque centrado en las personas y la protección de derechos.

3.3. Objetivo general

Consolidar entre 2026 y 2032 un ecosistema nacional de datos abiertos con gobernanza clara, estándares comunes, infraestructura, datos de alto valor, capacidades sostenibles y salvaguardas de confianza, que incremente la disponibilidad, calidad, actualización y reutilización de los datos públicos para generar resultados verificables de valor público.

 

Objetivos Específicos:

  • Institucionalización y sostenibilidad:  Consolidar un modelo nacional de gobernanza de datos abiertos con responsabilidades definidas, coordinación interinstitucional, recursos incorporados en la planificación pública y mecanismos de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y continuidad institucional.

  •  

  • Calidad, infraestructura y confianza: Fortalecer progresivamente la gestión del ciclo de vida y la infraestructura de los datos públicos, promoviendo su calidad, actualización, documentación, interoperabilidad y disponibilidad en formatos abiertos, mediante servicios accesibles, seguros y respetuosos de los derechos.

  •  

  • Valor público, capacidades y reutilización: Promover la apertura y reutilización de datos de alto valor que respondan a necesidades de desarrollo, transparencia e integridad, fortaleciendo las capacidades institucionales y sociales, la participación de los usuarios y la aplicación de los datos en problemas y decisiones concretas.

 

3.4. Principios rectores

1. Apertura con propósito

La información pública susceptible de apertura deberá gestionarse con una presunción favorable a su publicación, salvo excepciones legales justificadas.

2. Centrado en las personas y valor público

La gestión de datos debe responder a necesidades de personas, comunidades, instituciones y sectores productivos, y demostrar utilidad.

3. Calidad y oportunidad

Los datos deben ser exactos según su propósito, completos en la medida pertinente, consistentes, documentados y actualizados conforme a una frecuencia definida.

4. Encontrabilidad, accesibilidad e inclusión

Los datos deben poder descubrirse y utilizarse mediante canales, formatos y experiencias que reduzcan barreras técnicas, territoriales, lingüísticas y de accesibilidad.

5. Interoperabilidad

Los estándares deberán permitir combinar datos entre instituciones y sistemas mediante criterios normativos , organizativos, semánticos y técnicos.

6. Participación y cocreación

Los usuarios deben participar en la identificación de demanda, priorización, retroalimentación y evaluación del ecosistema.

7. Reutilización e innovación

La apertura debe facilitar investigación, periodismo, nuevos servicios, innovación pública y privada, y soluciones tecnológicas responsables.

8. Privacidad y protección de datos

La apertura deberá incorporar minimización, clasificación, anonimización y otras salvaguardas proporcionales al riesgo.

9. Seguridad y uso responsable

Los sistemas y procesos deberán asegurar integridad, disponibilidad, trazabilidad y gestión de riesgos, incluyendo usos de inteligencia artificial.

10. Sostenibilidad y rendición de cuentas

Las obligaciones de publicación y calidad deben incorporarse en los procesos y procedimientos ordinarios de las instituciones, acompañadas de seguimiento, documentación y reportes públicos.

3.5. Enfoques transversales

Derechos humanos: Garantizar que la apertura y el uso de datos fortalezcan derechos, evitando daños y discriminación.

Género e inclusión: Incorporar desagregaciones pertinentes y seguras, así como análisis de brechas que visibilicen desigualdades.

Territorial: Promover datos departamentales, municipales, geoespaciales y de servicios, con mecanismos de articulación multinivel.

Innovación pública: Utilizar datos para experimentar, mejorar servicios y resolver problemas mediante métodos iterativos y evidencia.

Sostenibilidad: Incorporar capacidades institucionales, continuidad operativa, mantenimiento, gestión del conocimiento y actualización como parte del diseño.

Ética y responsabilidad: Exigir procedencia, explicabilidad y controles para usos de alto impacto, incluido el uso de datos en sistemas de IA.

3.6 Alineación con la Carta Internacional de Datos Abiertos

La Estrategia adopta la Carta Internacional de Datos Abiertos como referencia de política y diseño técnico. Sus seis principios, abiertos por defecto; oportunos y exhaustivos; accesibles y utilizables; comparables e interoperables; para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana; y para el desarrollo incluyente y la innovación, orientan la selección, publicación, documentación y reutilización de datos. Su desarrollo operativo corresponderá a lineamientos técnicos que establezcan requisitos verificables, salvaguardas y responsabilidades, conforme al marco jurídico vigente.

3.7 Alineación con los principios FAIR

Los principios FAIR se utilizarán como referencia complementaria, particularmente para datos científicos, geoespaciales y conjuntos complejos: encontrables mediante metadatos persistentes; accesibles mediante protocolos claros; interoperables mediante vocabularios y estándares; y reutilizables mediante documentación, procedencia y condiciones de uso claras.

3.8 Ejes estratégicos

Tabla 5. Ejes estratégicos

Eje

Nombre

Transformación estratégica

Eje 1

Gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura

De esfuerzos fragmentados a funciones claras, coordinación documentada y continuidad institucional.

Eje 2

Calidad y gestión del ciclo de vida de los datos

De publicar archivos a gestionar activos de datos confiables, actualizados y trazables.

Eje 3

Infraestructura de datos abiertos

De sistemas aislados a una arquitectura interoperable y servicios de datos sostenibles.

Eje 4

Datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad

De una lógica de oferta a una lógica de problemas, usuarios, casos de uso y resultados.

Eje 5

Capacidades, cultura, participación y reutilización

De capacidades individuales a comunidades sostenibles de productores y usuarios.

Eje 6

Confianza, derechos y uso responsable de los datos

De incertidumbre a salvaguardas y reglas que habilitan apertura e innovación responsable.

Eje 7

Sostenibilidad, monitoreo y evaluación

De iniciativas aisladas a seguimiento público, continuidad operativa y aprendizaje institucional.

 

Eje 1. Gobernanza y liderazgo para dar continuidad a la apertura

La apertura de datos públicos requiere más que soluciones tecnológicas. Demanda reglas de coordinación, responsabilidades claramente definidas y mecanismos institucionales que permitan sostener los esfuerzos en el tiempo. El diagnóstico de la Estrategia muestra que parte de las dificultades actuales se relaciona con la dispersión de responsabilidades, la diversidad de procedimientos y la dependencia de equipos o personas específicas. Estas condiciones limitan la actualización sistemática de los datos, la articulación de prioridades y la evaluación de resultados.

Este eje propone consolidar un modelo de gobernanza que diferencie y articule las funciones de conducción estratégica, coordinación operativa, orientación técnica, producción y publicación de datos, participación de usuarios, y seguimiento y evaluación. Su implementación deberá aprovechar las capacidades existentes, respetar las competencias jurídicas de cada institución y establecer mecanismos claros para documentar decisiones, coordinar esfuerzos y resolver dificultades. Las instancias y responsabilidades específicas deberán validarse y formalizarse mediante los instrumentos correspondientes.

Asimismo, se busca que las instituciones incorporen la gestión de datos abiertos en sus procesos ordinarios de planificación, presupuesto, documentación y mejora institucional. Para ello, deberán establecerse responsables titulares y suplentes, promoverse agendas compartidas, evitarse duplicidades y habilitarse mecanismos para que las necesidades de los usuarios contribuyan a la selección y evaluación de los datos prioritarios.

Objetivo estratégico: Para 2032, consolidar y mantener operativo un modelo nacional de gobernanza de datos abiertos, mediante la formalización de sus instancias de coordinación, la designación de responsables titulares y suplentes en las instituciones priorizadas, la incorporación de acciones de apertura de datos en sus instrumentos de planificación y presupuesto, y la implementación de agendas interinstitucionales con mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas.

Líneas estratégicas:

  • Rectoría y coordinación: Definir formalmente quién dirige, coordina, asesora, implementa y evalúa la Estrategia, mediante una estructura de gobernanza con responsabilidades y mecanismos de trabajo claros.

  • Responsables dentro de cada institución:

    • Designar enlaces titulares y suplentes en las instituciones priorizadas para coordinar la publicación, actualización y gestión de sus datos abiertos.

    • Definir, probar y adoptar un modelo de funciones, permisos y aprobación para la publicación de datos, adaptable a las capacidades de cada institución.

  • Planificación y recursos para sostener la apertura: Incorporar las acciones, metas y recursos de datos abiertos en los instrumentos institucionales de planificación y presupuesto, como el PEI, POM y POA.

  • Articulación de agendas nacionales basadas en datos: Coordinar las iniciativas relacionadas con datos, interoperabilidad, inteligencia artificial, seguridad, planificación y transparencia para evitar duplicaciones y promover esfuerzos conjuntos.

Resultado estratégico:  Un sistema de gobernanza de datos abiertos formalizado, operativo, coherente y sostenible ante la rotación de autoridades y equipos, con instituciones priorizadas que cuenten con responsables designados y acciones incorporadas en sus instrumentos de planificación; agendas interinstitucionales implementadas; y decisiones y avances trazables, documentados y publicados periódicamente.

Eje 2. Calidad y gestión del ciclo de vida de los datos

Los datos generan valor cuando son comprensibles, confiables, oportunos y suficientemente completos para responder a necesidades concretas. Una de las brechas identificadas durante el proceso participativo es la publicación irregular de archivos, frecuentemente sin documentación homogénea o sin información clara sobre sus fechas, procedencia, responsables y mecanismos de actualización. La Estrategia busca avanzar de una lógica centrada en publicar archivos hacia otra orientada a gestionar los datos como activos durante todo su ciclo de vida.

Este eje plantea establecer condiciones mínimas comunes para la identificación, producción, validación, documentación, publicación, actualización, versionado y conservación de los conjuntos de datos prioritarios. El enfoque reconoce la diversidad de los sectores y evita imponer un procedimiento único a todas las instituciones. En su lugar, propone criterios básicos que permitan evaluar la calidad, conocer las limitaciones de cada conjunto y facilitar la combinación de información proveniente de distintas fuentes.

La mejora deberá comenzar por identificar qué datos existen, dónde se encuentran y quiénes son responsables de su gestión. A partir de inventarios actualizables, se promoverán criterios comunes de calidad, metadatos, diccionarios, formatos estructurados, periodicidad de actualización y registro de cambios. Los lineamientos específicos, incluidos los criterios de licenciamiento y los perfiles técnicos de metadatos, deberán desarrollarse gradualmente y someterse a la revisión jurídica y técnica correspondiente.

Objetivo estratégico: Para 2032, fortalecer progresivamente la gestión del ciclo de vida de los datos públicos, promoviendo responsables definidos, criterios de calidad, actualización periódica, metadatos completos y formatos abiertos y reutilizables.

 Líneas estratégicas:

  • Saber qué datos existen y quién los gestiona: Identificar y mantener actualizados los sistemas, registros, bases y conjuntos de datos de cada institución, documentando sus responsables, ubicación, frecuencia de actualización, condiciones de apertura y posibles restricciones.

  • Datos completos, actualizados y confiables:

    • Establecer controles mínimos de completitud, consistencia, procedencia y oportunidad, acompañados de calendarios de actualización, responsables definidos y bitácoras para registrar errores y correcciones.

    • Asegurar que los conjuntos, enlaces y metadatos publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos coincidan con las fuentes oficiales, mediante procedimientos de sincronización y detección de enlaces rotos o inconsistencias.

    • Incorporar una revisión documentada de calidad antes de publicar o actualizar los conjuntos prioritarios, asignando personas o equipos responsables de aplicar y registrar los controles correspondientes.

    • Garantizar que los datos prioritarios puedan descargarse en formatos abiertos, estructurados y reutilizables, y no estén disponibles únicamente mediante documentos PDF, visualizaciones o tableros.

  • Estándares comunes y trazabilidad: Adoptar campos mínimos de metadatos, diccionarios, nomenclaturas y plantillas comunes que faciliten la comprensión, documentación, combinación y trazabilidad de datos provenientes de distintas instituciones.

Resultado estratégico: Gestión progresivamente fortalecida del ciclo de vida de los datos públicos, con responsables identificados, inventarios actualizados y mejoras en su calidad, documentación, actualización, trazabilidad y disponibilidad en formatos abiertos y reutilizables.

 Eje 3. Infraestructura de datos abiertos

La disponibilidad de plataformas no garantiza por sí sola el aprovechamiento de los datos. Cuando los catálogos están desconectados, los enlaces dejan de funcionar o la información solo puede consultarse mediante visualizaciones no descargables, aumentan los costos de búsqueda y reutilización. Por ello, este eje concibe la infraestructura digital como un medio para facilitar el acceso y la integración de información, al servicio de una gobernanza y una demanda de datos claramente definidas.

La Estrategia propone consolidar una arquitectura interoperable de publicación y descubrimiento. El Portal Nacional debe facilitar la búsqueda y el acceso a datos de distintas instituciones, mientras cada entidad productora conserva la responsabilidad sobre la calidad, clasificación y actualización de los datos en su origen. La interoperabilidad abarcará dimensiones organizativas, semánticas y técnicas, con reglas para favorecer la compatibilidad de catálogos, formatos e identificadores cuando corresponda.

Se distinguirá la apertura al público del intercambio institucional controlado: un dato necesario para interoperar no es automáticamente publicable. El desarrollo progresivo de mecanismos de actualización automatizada, interfaces de programación de aplicaciones (API), herramientas de monitoreo, accesibilidad web y formatos de bajo consumo de conectividad deberá responder a necesidades comprobadas de usuarios y condiciones de seguridad.

Objetivo estratégico: Para 2032, fortalecer progresivamente la infraestructura de datos abiertos para facilitar la búsqueda, descarga, actualización y combinación de datos públicos, mediante un Portal Nacional útil, servicios institucionales conectados y mecanismos de acceso automatizado, accesibles, seguros y resilientes.

Principales líneas estratégicas:

  • Un Portal Nacional útil para encontrar y reutilizar datos:

    • Mejorar la búsqueda, los filtros, la accesibilidad, la seguridad, la descarga y la experiencia de usuario del Portal Nacional, con base en evaluaciones técnicas, pruebas con usuarios y métricas de funcionamiento.

    • Incorporar progresivamente mecanismos de actualización automatizada y sincronización con las fuentes institucionales para reducir cargas manuales, errores y desactualización.

    • Habilitar canales para recibir consultas, solicitudes y reportes de errores, asignando responsables y utilizando la retroalimentación para mejorar los datos y servicios.

    • Implementar métricas agregadas sobre búsquedas, descargas, errores y uso de los conjuntos para orientar mejoras y decisiones de priorización.

  • Interoperabilidad y acceso automatizado:

    • Desarrollar interfaces de programación de aplicaciones (API) para los datos que cuenten con demanda y condiciones técnicas adecuadas, incluyendo documentación, límites de uso y monitoreo de su funcionamiento.

    • Promover casos concretos de interoperabilidad mediante identificadores, estándares, acuerdos y proyectos piloto, diferenciando los datos abiertos de los intercambios institucionales restringidos.

  • Infraestructura segura y resiliente:

    • Fortalecer la continuidad de los servicios de datos mediante la identificación de riesgos, mecanismos de respaldo y recuperación, controles de seguridad y pruebas documentadas.

    • Reducir las barreras de acceso mediante servicios accesibles, versiones livianas y opciones de descarga de bajo consumo, considerando las condiciones de conectividad de los usuarios en los territorios.

Resultado estratégico: Infraestructura de datos abiertos progresivamente fortalecida, con un Portal Nacional más útil y accesible, servicios institucionales mejor conectados, mecanismos de actualización y consulta automatizada, y mayores condiciones de interoperabilidad, seguridad, continuidad y acceso desde los territorios.

Eje 4. Datos de alto valor para el desarrollo, la transparencia y la integridad

La apertura de datos debe orientarse a problemas públicos, decisiones y demandas concretas, en lugar de medir el éxito exclusivamente por la cantidad de conjuntos publicados. Los talleres de cocreación identificaron necesidades relacionadas con planificación, presupuesto y gasto, contrataciones, infraestructura, prevención de la corrupción, servicios públicos y realidades territoriales. Este eje busca concentrar los esfuerzos en información cuya disponibilidad y utilización puedan producir beneficios públicos verificables.

La Estrategia plantea una cartera nacional de datos de alto valor que podrá revisarse periódicamente mediante criterios de demanda, relevancia pública, oportunidad, calidad, factibilidad y resguardo de derechos. Se prestará atención a las relaciones entre planificación, recursos públicos, adquisiciones, proyectos y resultados, procurando que sea posible seguir una misma intervención a través de distintas etapas y fuentes de información. Los estándares especializados, incluidos OCDS, OC4IDS/CoST y BODS cuando exista fundamento jurídico y viabilidad técnica, podrán servir como referencias para la compatibilidad y trazabilidad.

Junto con la integridad y la transparencia fiscal, la cartera deberá considerar necesidades sociales y territoriales, como salud, educación, empleo, riesgos y servicios, según los aportes del proceso de participación. La prioridad estará en documentar casos de uso reales, mejoras de decisiones, investigación, control social, servicios e innovación y retroalimentar con ellos la selección y actualización de los conjuntos.

Objetivo estratégico: Para 2032, consolidar progresivamente una cartera nacional y revisable de datos de alto valor que responda a necesidades de desarrollo, transparencia e integridad, y promueva una mayor trazabilidad de la acción pública y la documentación de casos de reutilización.

 

Líneas estratégicas:

  • Datos para planificación y desarrollo: Identificar y publicar datos e indicadores que contribuyan al Sistema Nacional de Planificación y sustenten decisiones, diagnósticos e inversiones para el desarrollo.

  • Transparencia fiscal y contratación abierta:

    • Mejorar la disponibilidad, actualización, documentación y reutilización de series relacionadas con presupuesto, gasto, transferencias, inversión y finanzas territoriales.

    • Fortalecer progresivamente la cobertura y calidad de los datos de Guatecompras publicados conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS), promoviendo su conexión con información de presupuesto, pagos y proyectos.

  • Fortalecimiento de datos abiertos: Establecer criterios públicos para recibir, evaluar y priorizar propuestas de datos de alto valor provenientes del Gobierno, la ciudadanía, la academia y el sector privado.

  • Integridad, anticorrupción y beneficiarios finales:

    • Identificar datos y casos de uso que puedan contribuir a prevenir riesgos de corrupción y mejorar los controles, considerando las categorías del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) y los límites jurídicos aplicables.

    • Desarrollar un diagnóstico jurídico y técnico sobre beneficiarios finales y valorar la aplicación del Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales (BODS), condicionando cualquier piloto a la existencia de competencias, fundamento jurídico y medidas adecuadas de protección.

  • Infraestructura, datos territoriales y reducción de brechas:

    • Promover proyectos piloto que conecten información sobre planificación, inversión, contratación y avance de obras, tomando como referencia CoST IDS y OC4IDS cuando resulte pertinente.

    • Facilitar el seguimiento territorial de obras y recursos públicos mediante datos accesibles, ejercicios participativos y pilotos que puedan adaptarse y replicarse gradualmente.

  • Demanda, reutilización y casos de uso: Recopilar necesidades de información y documentar casos de reutilización de datos en políticas públicas, investigación, control social, prestación de servicios, innovación y actividad económica.

Resultado estratégico: Una cartera nacional de datos de alto valor actualizada periódicamente y orientada a las necesidades de desarrollo, transparencia e integridad, con mejoras en la conexión y trazabilidad de la información pública y casos documentados de reutilización y generación de valor público.

Eje 5. Capacidades, cultura, participación y reutilización

La calidad y la utilidad de los datos dependen también de las personas y organizaciones que los producen, interpretan y aprovechan. El diagnóstico muestra capacidades relevantes dentro del Estado, pero también diferencias entre instituciones, rotación de equipos, documentación insuficiente y barreras para que ciudadanía, medios, academia y sector privado conviertan los datos en conocimiento. Este eje busca pasar de capacidades aisladas a una cultura institucional y social de uso responsable de información.

Se propone desarrollar capacidades diferenciadas para quienes gestionan registros, publican datos, elaboran análisis, toman decisiones y utilizan información pública. La formación deberá vincularse con prácticas concretas: inventarios, metadatos, control de calidad, visualización, análisis, protección de datos y aplicación en problemas de gestión. Las orientaciones, materiales y experiencias deben quedar disponibles para reducir la dependencia del conocimiento individual.

La participación será parte del ciclo de gestión de datos, no solo una actividad de consulta. Los mecanismos de usuarios deberán ayudar a identificar necesidades, proponer prioridades, detectar errores y valorar la utilidad de los conjuntos, mediante registros transparentes de las observaciones y de las respuestas institucionales. Se promoverán enfoques territoriales, lenguaje claro, accesibilidad e inclusión cultural y lingüística cuando resulten pertinentes, así como comunidades de práctica y experiencias de reutilización con resultados documentados.

Objetivo estratégico: Para 2032, fortalecer progresivamente las capacidades institucionales y sociales para producir, gestionar, analizar y reutilizar datos públicos de manera responsable, mediante formación práctica, herramientas accesibles, mecanismos de participación y casos de uso aplicados a problemas y decisiones concretas.

 

 

Líneas estratégicas:

  • Capacidades para quienes producen y gestionan datos: Desarrollar formación diferenciada sobre inventarios, calidad, metadatos, interoperabilidad y protección de datos, evaluando su aplicación posterior en las tareas institucionales.

  • Fortalecimiento de datos abiertos:

    • Poner a disposición guías, plantillas y herramientas editables que faciliten la apertura y actualización de datos por parte de equipos con diferentes niveles de especialización.

    • Articular a las unidades de información pública con los equipos responsables de datos y tecnología, fortaleciendo su capacidad para orientar a los usuarios y promover información reutilizable.

  • Capacidades para quienes usan los datos: Impulsar programas de alfabetización y ejercicios prácticos que faciliten el uso de datos abiertos en la investigación, la comunicación, la toma de decisiones y otras aplicaciones de interés público.

  • Participación, innovación y comunidades de reutilización: Mantener espacios de intercambio, laboratorios y retos que conecten las necesidades institucionales y ciudadanas con ideas y soluciones basadas en datos.

  • Capacidades aplicadas a decisiones públicas:

    • Fortalecer el uso de datos abiertos en los procesos de planificación, el análisis territorial, la identificación de brechas y las decisiones de inversión pública.

    • Desarrollar ejercicios y casos de uso relacionados con presupuesto, ejecución del gasto y contrataciones públicas que contribuyan a la transparencia fiscal.

    • Promover el análisis de información pública para identificar riesgos y formular recomendaciones preventivas en materia de integridad, considerando las categorías del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA).

    • Fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas para dar seguimiento a proyectos, inversiones y contrataciones en los territorios, documentando metodologías que puedan replicarse.

 

Resultado estratégico: Capacidades institucionales y sociales progresivamente fortalecidas para producir, gestionar y reutilizar datos, con herramientas disponibles, mecanismos de participación documentados y casos de uso aplicados a la planificación, la transparencia, la integridad y el seguimiento territorial.

 

Eje 6. Confianza, derechos y uso responsable de los datos

La transparencia y la innovación requieren confianza. Abrir información sin criterios claros puede generar riesgos de exposición de datos personales, interpretaciones erróneas y afectaciones a derechos; restringir indiscriminadamente los datos, por el contrario, limita el acceso a información pública legítima. Este eje propone una aproximación equilibrada que favorezca la apertura procedente y aplique salvaguardas proporcionales al riesgo y al marco jurídico vigente.

La publicación deberá distinguir información pública, información protegida y conjuntos que requieren transformaciones previas. Se promoverán procedimientos de clasificación, minimización, agregación, anonimización y revisión de riesgos antes de publicar datos potencialmente sensibles. También se considera esencial documentar procedencia, vigencia, condiciones de reutilización y limitaciones metodológicas para que los usuarios puedan interpretar la información con responsabilidad.

Las plataformas y los procesos deberán contar con medidas de seguridad y procedimientos para recibir y atender alertas de errores o exposición indebida. La evolución del marco jurídico y de las tecnologías de análisis, incluida la inteligencia artificial, exige revisar periódicamente estas medidas. El objetivo no es frenar la apertura, sino establecer condiciones transparentes y confiables para que las personas e instituciones puedan utilizar los datos sin comprometer derechos.

Objetivo estratégico: Para 2032, fortalecer progresivamente las condiciones jurídicas, técnicas e institucionales para la apertura y reutilización responsable de los datos públicos, mediante criterios de clasificación, evaluación de riesgos, medidas de seguridad, documentación de procedencia y mecanismos de atención de alertas.

Líneas estratégicas:

  • Protección de datos desde el diseño:

    • Establecer criterios para clasificar la información pública, personal, confidencial y reservada, y orientar las decisiones sobre su publicación, tratamiento o protección conforme al marco jurídico aplicable.

    • Incorporar medidas de minimización, agregación, anonimización y evaluación de riesgos que reduzcan la posibilidad de identificar indebidamente a personas a partir de los datos publicados.

  • Seguridad y gestión de riesgos: Identificar y reducir riesgos de seguridad en portales, descargas e interfaces de consulta mediante controles mínimos, responsables definidos y procedimientos de respuesta a incidentes.

  • Uso responsable, procedencia e inteligencia artificial: Documentar el origen, calidad, licencias y limitaciones de los datos, e incorporar orientaciones sobre los riesgos, sesgos y posibles efectos de su reutilización mediante inteligencia artificial y otros análisis automatizados.

  • Fortalecimiento de datos abiertos: Habilitar procedimientos para reportar, clasificar, atender y dar seguimiento a errores o posibles exposiciones indebidas, publicando información agregada sobre las correcciones realizadas.

Resultado estratégico esperado:  Mayor seguridad jurídica y técnica para decidir qué abrir, mejor protección de derechos y mayor confianza en la información disponible.

Eje 7. Sostenibilidad, monitoreo y evaluación

Una estrategia de datos abiertos solo alcanza sus propósitos cuando las mejoras pueden mantenerse, observarse y corregirse a lo largo del tiempo. Las experiencias institucionales muestran que los avances aislados pueden perder continuidad si no se documentan las decisiones, no se establecen mecanismos de seguimiento o no se conservan procedimientos y conocimientos. Este eje busca convertir la implementación en un proceso institucional de aprendizaje y mejora continua.

La Estrategia propone desarrollar una línea de base verificable, un marco de resultados con indicadores consistentes y procedimientos periódicos de reporte. Las mediciones deberán diferenciar gestión, productos y resultados: no basta con registrar que un conjunto se publicó, también será necesario evaluar su calidad, actualización, accesibilidad, uso y utilidad. Para evitar indicadores nominales, las metas cuantitativas deberán revisarse en función de los universos y capacidades verificados en el levantamiento inicial.

El seguimiento público, los informes anuales y la devolución de resultados a usuarios permitirán identificar avances, retrasos y acciones correctivas. Además, se plantea documentar procedimientos, responsables funcionales, archivos, aprendizajes y mecanismos de transferencia ante cambios de autoridades o equipos. Las evaluaciones intermedia y final deberán ofrecer evidencia para ajustar la ejecución y orientar el siguiente ciclo estratégico, sin alterar automáticamente los acuerdos institucionales vigentes.

Objetivo estratégico: Para 2032, institucionalizar progresivamente un sistema de monitoreo, evaluación y sostenibilidad que permita medir los avances de la Estrategia, publicar sus resultados, corregir desviaciones y fortalecer la continuidad de sus recursos, procesos y conocimientos.

Líneas estratégicas:

  • Medir avances con pocos indicadores que sí se usen: Establecer una línea de base y un marco acotado de indicadores, con fichas metodológicas, universos definidos y metas ratificadas a partir de información verificable.

  • Seguimiento público y rendición de cuentas:

    • Implementar un tablero público que permita consultar y descargar información actualizada sobre el cumplimiento de acciones y compromisos institucionales.

    • Publicar informes periódicos sobre avances, dificultades y medidas correctivas, acompañados de espacios de devolución y respuesta a las observaciones de los usuarios.

    •  Aplicar una metodología comparable para evaluar la calidad, actualización, formato, documentación y mantenimiento de los datos publicados por las instituciones.

  • Sostenibilidad financiera, institucional y tecnológica: Identificar y actualizar los recursos, costos, responsables y riesgos necesarios para dar continuidad a los portales, equipos y procesos de datos abiertos.

  • Evaluación, aprendizaje y siguiente ciclo: Realizar evaluaciones intermedia y final, documentar las mejoras aplicadas y formular recomendaciones para orientar el siguiente periodo estratégico.

Resultado estratégico esperado: Implementación progresivamente más verificable, transparente y sostenible, con información periódica sobre sus avances, mecanismos para corregir desviaciones y mejores condiciones para la continuidad institucional y la preparación del siguiente ciclo estratégico.

 

3.9. Teoría de cambio de la Estrategia

Si las instancias competentes acuerdan funciones de coordinación, las instituciones productoras gestionan los datos con criterios comunes de calidad y protección, el ecosistema conecta fuentes mediante servicios accesibles y la apertura responde a necesidades reales de usuarios, aumentarán la disponibilidad, confiabilidad y reutilización de los datos públicos. Esto contribuirá a mejores decisiones, una mayor transparencia, la prevención de riesgos de integridad, la investigación, la participación y la innovación. La contribución al valor público deberá evaluarse con evidencia de usos y resultados, no solamente con recuentos de archivos publicados.

Cadena de resultados propuesta:

brechas de gobernanza, calidad, interoperabilidad, orientación a la demanda y salvaguardas → mecanismos institucionales y técnicos compartidos → productos verificables (inventarios, estándares, catálogos, conjuntos priorizados, canales de usuarios y protocolos) → resultados (mejor calidad, acceso, actualización y reutilización) → mayor capacidad pública y social para producir valor con datos.

Supuestos clave: colaboración entre las instancias convocadas, permanencia de procedimientos más allá de las personas, calidad suficiente de las fuentes, decisiones de apertura compatibles con derechos, respuesta activa de los usuarios y disponibilidad de evidencia para medir avances. Los supuestos serán revisados al menos anualmente.

3.10. Gestión de riesgos y continuidad institucional

La implementación adoptará un enfoque preventivo y adaptable. Los riesgos no suponen hechos consumados: identifican escenarios cuya materialización podría afectar la ejecución. La revisión anual deberá registrar señales tempranas, medidas de respuesta y decisiones documentadas.

Tabla 6. Gestión de riesgos y continuidad institucional

Riesgo

Posible efecto

Respuesta preventiva sugerida

Transición de autoridades y equipos

Pérdida de acuerdos, claves, enlaces o conocimiento

Expediente de traspaso, suplencias, custodias funcionales y revisión documentada en 2027–2028

Coordinación no formalizada

Duplicidad de mandatos y ausencia de decisiones

Describir funciones por separado; someter alternativas a revisión institucional y jurídica

Calidad y actualización insuficientes

Fuentes incompletas o series discontinuas

Diagnóstico técnico, calendario de actualización, control de errores y trazabilidad

Brecha de capacidades

Dependencia de personas y procedimientos informales

Guías reutilizables, formación aplicada y mecanismos de suplencia

Privacidad y seguridad

Exposición o reutilización indebida de información

Evaluación de riesgos, clasificación, minimización, anonimización y atención de incidentes

Bajo uso o exclusión

Datos publicados sin satisfacer necesidades ciudadanas

Priorización con usuarios, medidas de accesibilidad y evaluación de casos de uso

Cambio normativo o tecnológico

Protocolos y formatos obsoletos

Revisión periódica de reglas y estándares, conservando versiones y justificación de ajustes

3.11. Criterios de priorización y secuencia de implementación

La primera etapa priorizará condiciones habilitantes: mecanismos de coordinación sujetos a formalización, enlaces y suplencias, universo inicial de medición, auditoría del Portal Nacional, inventarios, criterios comunes de publicación y ficha de riesgos. Una segunda etapa fortalecerá la interoperabilidad, los conjuntos de alto valor y los casos de uso; la consolidación incorporará evaluación, mejora continua y transferencia de conocimiento. Esta secuencia orienta la programación, sin sustituir las decisiones institucionales que correspondan.

La selección de conjuntos y ámbitos priorizados utilizará criterios públicos: (i) utilidad para problemas y decisiones concretos, (ii) demanda documentada, (iii) viabilidad de apertura y protección de derechos, (iv) calidad y disponibilidad de fuente, (v) capacidad de actualización, (vi) potencial de interoperabilidad y (vii) inclusión y pertinencia territorial. El universo inicial de instituciones y conjuntos se definirá mediante acta o instrumento de validación; hasta entonces los porcentajes e hitos se entenderán como indicativos.

4. Gobernanza e implementación

La Estrategia propone un modelo funcional de seis niveles para orientar decisiones, coordinar estándares, producir y publicar datos, escuchar a usuarios y verificar resultados. Todas las instancias descritas tienen carácter de propuesta técnica hasta su revisión, aprobación y eventual formalización. El modelo aprovecha capacidades existentes y no crea por sí mismo órganos, potestades ni obligaciones nuevas.

4.1. Modelo de gobernanza de seis niveles

Se propone diferenciar conducción estratégica, coordinación operativa y apoyo técnico. La conducción política podrá considerar las capacidades de MINGOB, mientras que la coordinación operativa deberá ser objeto de decisión expresa entre las instancias institucionales consideradas. Las funciones se establecen primero; los nombres, reglas de decisión y suplencias requerirán validación institucional y jurídica.

Tabla 6. Modelo de gobernanza de seis niveles

Nivel e instancia

Integración

Responsabilidad principal

1. Mesa de Transformación Digital

Instancia de alto nivel del proceso de transformación digital.

Brindar respaldo político, orientación estratégica y apoyo para la toma de decisiones de alto nivel.

2. Consejo Estratégico Multiactor

Liderado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) e integrado por SENACYT, GAE, MINFIN, SEGEPLAN y CNC, junto con tres representantes de sociedad civil y tres de la academia.

Orientar estratégicamente la implementación, articular a los sectores participantes, revisar avances y facilitar la toma de decisiones interinstitucionales.

3. Institución coordinadora

Entidad que se designe como ente rector de la Estrategia. (Tentativamente MINGOB)

Coordinar la implementación; convocar a las instancias; registrar acuerdos; consolidar avances; y asegurar la continuidad operativa y documental.

4. Comité Técnico

Integrado por MINGOB, GAE, INAP y SENACYT.

Desarrollar orientaciones y brindar asistencia técnica en estándares, calidad, interoperabilidad, protección de datos y fortalecimiento de capacidades.

5. Instituciones productoras

Instituciones públicas responsables de producir y administrar datos en el ámbito de sus competencias.

Inventariar, clasificar, proteger, documentar, actualizar y publicar los datos bajo su responsabilidad.

6. Usuarios y territorios

Sociedad civil, academia, sector privado, medios de comunicación, municipalidades y otros actores territoriales.

Identificar necesidades, probar la utilidad de los datos, reportar errores y retroalimentar las prioridades, servicios y procesos de apertura.

 

 

4.2. Rectoría y articulación política

Como alternativa para evaluación se plantea que MINGOB facilite la articulación política y el proceso de formalización de la Estrategia, en el marco de sus atribuciones. La modalidad de conducción, el instrumento jurídico y la relación con los mecanismos de transformación digital serán determinados mediante revisión institucional, sin atribuirse facultades por la sola redacción del documento.

4.3. Consejo Estratégico de Datos Abiertos (multiactor)

Se propone estudiar la conveniencia de un espacio estratégico de coordinación con posibles participaciones de MINGOB, MINFIN, SEGEPLAN, CNC, SENACYT y GAE. Su eventual composición, reglas de participación, periodicidad, suplencias y toma de decisiones requerirían validación. La participación de sociedad civil, academia, medios, sector privado y actores territoriales puede organizarse por mecanismos consultivos abiertos que cuenten con tres representantes de sociedad civil, colectivos, representantes de medios, pueblos indígenas y tres de academia o sector privado.

Funciones posibles del espacio estratégico: identificar prioridades, conocer avances, resolver puntos de coordinación, promover respuestas motivadas a solicitudes y revisar los resultados de seguimiento. Se propone conservar actas, criterios de decisión y registros públicos de recomendaciones, con las salvedades legales pertinentes.

4.4. Institución coordinadora y secretaría operativa

La institución o instancia que pueda asumir funciones de coordinación operativa deberá definirse mediante decisión formal después del análisis de competencias. Hasta entonces, las referencias a una secretaría operativa expresan una necesidad funcional, no un encargo ya conferido a una entidad determinada.

Las funciones sugeridas comprenden convocar sesiones, mantener un registro de acuerdos, facilitar el seguimiento de las 49 acciones, consolidar evidencias, atender la continuidad documental y canalizar consultas técnicas. La formalización deberá precisar los mecanismos de enlace, suplencia y transferencia de información; este documento no establece asignación de recursos.

4.5. Comité Técnico de Datos Abiertos

Se propone estudiar un mecanismo técnico con participación potencial de MINGOB, GAE, INAP, MINFIN, CNC, SEGEPLAN y SENACYT, según las materias de trabajo y sus competencias. Sus tareas serían proponer criterios y guías comunes para calidad, metadatos, interoperabilidad, accesibilidad, protección de datos, seguridad y capacidades, y someterlas a la revisión y aprobación de las instancias que correspondan. La colaboración de usuarios o expertos podrá desarrollarse por consulta sin atribuir dirección a instituciones adicionales.

El INE y la PDH podrán ser invitados como observadores o acompañantes en materias de derechos, criterios estadísticos y acceso a la información, conforme a acuerdo institucional.

Los criterios técnicos, perfiles de metadatos, licencias y protocolos propuestos no adquieren por sí mismos carácter obligatorio. Su eventual adopción requerirá revisión de viabilidad jurídica, compatibilidad técnica y decisión de la autoridad competente.

4.6. Instituciones productoras: la responsabilidad permanece en la fuente

Cada institución es responsable de identificar, clasificar, proteger, documentar, revisar, publicar y actualizar los datos que produce. El Portal Nacional facilita su búsqueda y acceso; no reemplaza a las entidades que generan la información. Cada conjunto deberá identificar institución responsable, contacto, fecha de actualización y condiciones de reutilización.

4.7. Participación y enfoque territorial

La participación de sociedad civil, medios, academia, sector privado y actores territoriales se plantea mediante consultas, espacios de cocreación, pruebas de usabilidad, solicitudes documentadas y devolución de resultados. Tales espacios son consultivos y no sustituyen las atribuciones de las instituciones competentes. Se procurará accesibilidad, pertinencia cultural y mecanismos de respuesta motivada, conforme al diseño institucional que se apruebe.

El enfoque territorial buscará enlazar información de planificación, proyectos, contratación y avances, y abrir oportunidades para que usuarios locales identifiquen barreras, reporten errores y documenten casos de reutilización. Como posibles articuladoras técnicas, sujetas a validación, se pueden considerar las capacidades de SEGEPLAN, MINFIN y CNC, sin crear encargos para entidades externas al esquema previsto.

 

4.8. Seis funciones con responsables propuestos

Tabla 7. Funciones con responsables propuestos

Función

Instancias a considerar (sin designación)

Qué debe hacer

Articulación política

MINGOB (alternativa a validar)

Facilitar revisión, conducción política propuesta y articulación normativa dentro de competencias.

Seguimiento operativo

MINGOB o SEGEPLAN (alternativas a estudiar)

Consolidar acuerdos y reportes; la designación concreta queda pendiente.

Portal y catálogos

SENACYT, con articulación posible de MINFIN

Proponer mejoras del catálogo nacional y puentes con publicaciones sectoriales.

Estándares y capacidades

SENACYT y GAE, con colaboración posible de SEGEPLAN

Elaborar perfiles técnicos y herramientas, sujetos a adopción conforme a atribuciones.

Usos para desarrollo e integridad

SEGEPLAN, MINFIN y CNC, según materia

Identificar datos de alto valor y documentar casos de uso y retroalimentación.

Monitoreo y continuidad

SEGEPLAN o MINGOB; soporte técnico sugerido de SENACYT

Proponer marco de resultados, resguardar evidencia y asegurar transferencia documental.

 

4.9. Primera agenda institucional sugerida para 2027

Se presenta una agenda técnica indicativa para 2027, que identifica ámbitos en los que las capacidades existentes podrían contribuir a productos verificables. No constituye un compromiso institucional, un reparto de atribuciones ni una designación de responsables.

Tabla 8. Primera agenda institucional sugerida para 2027

Actor

Ámbito de contribución que podría evaluarse

MINGOB

Analizar funciones de gobernanza y posibles mecanismos de articulación institucional.

SENACYT

Examinar diagnóstico del Portal Nacional, perfiles de metadatos y continuidad tecnológica.

SEGEPLAN

Considerar inventarios, uso para planificación, criterios territoriales y marco de resultados.

MINFIN

Identificar oportunidades para la reutilización de datos fiscales y de contratación.

CNC

Proponer casos preventivos de integridad y mecanismos de retroalimentación.

GAE

Examinar interoperabilidad, estándares y documentación de procesos digitales.

 

4.10. Cómo se coordinan las decisiones

El espacio de conducción, si se formaliza, considera prioridades propuestas y motiva las decisiones que le correspondan.

El mecanismo técnico, si se formaliza, prepara criterios y opciones de mejora para revisión de las autoridades competentes.

La coordinación operativa, una vez definida, registra acuerdos, dependencias y estado de avance.

Las instituciones que generan los datos mantienen las responsabilidades legales y técnicas sobre sus fuentes y entregan evidencia de actualización.

Los mecanismos de participación recogen necesidades, prueban servicios y comunican observaciones sin atribuciones decisorias.

Las instancias competentes revisan resultados, documentan ajustes y preservan trazabilidad de los acuerdos.

4.11. Formalización, continuidad y salvaguardas

La modalidad de aprobación y la formalización del modelo estarán sujetas a dictamen jurídico y a validación de las instancias participantes. Para asegurar continuidad, se recomienda prever expedientes de decisiones, protocolos de custodia, inventarios de activos de información, personas suplentes y mecanismos de transferencia al cambio de autoridades de 2028. La eventual modificación de estructuras o funciones se resolverá con apego al marco jurídico aplicable, sin asignar sucesores institucionales de forma anticipada.

Anexos

 

Tabla 12. Actores y sectores participantes de los Talleres de Co-creación

Sector

Instituciones y organizaciones participantes

Rol en la formulación

Gobierno

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE); Ministerio de Gobernación (MINGOB); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF); Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX); Ministerio de Educación (MINEDUC); Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN); Ministerio de Economía (MINECO); Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI); Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE); Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT); Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC); Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP); Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM); Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE); Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES); Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS); Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED); Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID); Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM); Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); y Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

El Grupo Motor y las instituciones del Organismo Ejecutivo aportaron información sobre las capacidades existentes, los sistemas y portales institucionales, las brechas de gobernanza y coordinación, y las necesidades de calidad, actualización e interoperabilidad. También contribuyeron a identificar activos de información, datos de alto valor, condiciones habilitantes, responsabilidades institucionales y acciones para la implementación de la Estrategia.

Sociedad civil y medios de comunicación

Hivos; Diario de Centro América; Colectivo CAIMUS; Observatorio Ciudadano; Grupo Guatemalteco de Mujeres; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP); Fundación Sobrevivientes; Guatemala Visible; Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM); Alas de Mariposas; Tierra Viva; Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI); DEMOS; Crisálidas; Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA); ITPC; Tejiendo Juntas; Visibles; Puentes Urbanos; FUNDART e Internet Society Guatemala (ISOC).

Aportaron la perspectiva de las personas usuarias de los datos y señalaron necesidades vinculadas con transparencia, rendición de cuentas, auditoría social, acceso a derechos e inclusión. Identificaron barreras para encontrar, comprender y reutilizar la información pública, y propusieron datos prioritarios, mecanismos de participación, criterios de desagregación y medidas para reducir brechas territoriales, lingüísticas, tecnológicas y de accesibilidad. Los medios contribuyeron desde su experiencia en comunicación pública, periodismo y transformación de datos en información comprensible.

Sector privado, academia e investigación

Innovaction; Empresarios por la Educación; Universidad del Valle de Guatemala (UVG); Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Universidad Rafael Landívar (URL); Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA); Estudio 3; Majolis; Fundación i; Academia Tecnología; Club Utopía Technology; IST; Cardinal; y Comisión Guatemalteca para la Educación, entre otros actores registrados.

Aportaron experiencias y necesidades relacionadas con investigación, innovación, desarrollo tecnológico y generación de valor económico y social. Identificaron barreras de calidad, documentación, formatos, acceso automatizado e interoperabilidad, y propusieron mecanismos para facilitar el uso de bases descargables, interfaces de programación de aplicaciones (API), metadatos y servicios de consulta. También contribuyeron a identificar alianzas, casos de reutilización y oportunidades para aplicar los datos en investigación, servicios digitales e inteligencia artificial.

Cooperación y socios técnicos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización de los Estados Americanos (OEA).

Brindaron acompañamiento técnico y metodológico al proceso de formulación, incluyendo el diseño de los talleres, facilitación de los espacios participativos, revisión de experiencias internacionales, sistematización de aportes y apoyo en la construcción del marco estratégico, el Plan de Acción y el sistema de monitoreo y evaluación.

 

 

 

 

 

 

7.4. Referencias bibliográficas y técnicas

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). (s. f.). Política Nacional de Datos Abiertos 2018–2022: índice de cumplimiento. Presentación institucional. https://www.mineco.gob.gt/images/datos_abiertos/acuerdos/FINAL%20Politica%20Nacional%20de%20Datos%20Abiertosvf%20-%20GAE.pdf

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). (consulta: 16 de octubre de 2026). Portal Nacional de Datos Abiertos, catálogo y organizaciones. https://catalogo.senacyt.gob.gt/dataset/  ; https://catalogo.senacyt.gob.gt/organization

Red Ciudadana. (2019). Índice de Datos Abiertos Guatemala. https://publicaciones.redciudadana.org/2020/%C3%8Dndice%20de%20Datos%20Abiertos%202019%20-%20Red%20Ciudadana.pdf

Global Data Barometer. (2025). Tracking Progress, Closing Gaps: The State of Fiscal Transparency in 2025. https://globaldatabarometer.org/2025/07/tracking-progress-closing-gaps-the-state-of-fiscal-transparency-in-2025/

Plataforma de Participación Ciudadana. (2026). Proceso: Estrategia Nacional de Datos Abiertos de Guatemala. https://participacionciudadana.gob.gt/processes/datosabiertos

Ministerio de Finanzas Públicas. (2025). Política de publicación de datos abiertos. https://datos.minfin.gob.gt/uploads/page_images/2025-02-07-213833.590901Politica-de-Publicacion-de-DA-del-Minfin-2025.pdf

Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. Government Information Quarterly, 32(4), 399–418. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.006

CoST – Infrastructure Transparency Initiative. (2026). Data Publication Manual: A guide to infrastructure data standards and publication practices. https://infrastructuretransparency.org/resource/cost-disclosure-manual/

Global Data Barometer. (2025). Global Data Barometer 2025: Second edition report. D4D.net. https://globaldatabarometer.org/2nd-edition-report/

Jetzek, T., Avital, M., & Bjørn-Andersen, N. (2014). Data-driven innovation through open government data. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 9(2), 100–120. https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000200008

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2032 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2032agenda

Open Contracting Partnership. (s. f.). Open Contracting Data Standard (OCDS), versión 1.1.5. https://standard.open-contracting.org/latest/

Open Data Charter. (2015). Carta Internacional de Datos Abiertos. https://opendatacharter.org/principles/carta-internacional-de-datos-abiertos-2015/

Open Data Watch. (2025). Open Data Inventory 2024/25. https://odin.opendatawatch.com/

Open Ownership. (s. f.). Beneficial Ownership Data Standard (BODS), versión 0.4. https://standard.openownership.org/es/latest/

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). The path to becoming a data-driven public sector. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector_059814a7-en.html

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025a). Government at a Glance 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Guatemala. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/03/anti-corruption-and-integrity-outlook-2026-country-notes_b1df9263/guatemala_bc2bf461.html

Organización de los Estados Americanos. (2019). Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA). https://www.oas.org/ext/es/democracia/programa-interamericano-de-datos-abiertos-para-prevenir-y-combatir-la-corrupcion-pida

Safarov, I., Meijer, A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). Utilization of open government data: A systematic literature review of types, conditions, effects and users. Information Polity, 22(1), 1–24. https://doi.org/10.3233/IP-160012

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2019). Revisión Nacional Voluntaria 2019: El camino hacia el desarrollo sostenible. https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/wp-content/uploads/2023/02/RNV_2019_COMPLETO_FINAL_compressed-1.pdf

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2022). Marco normativo, conceptual y metodológico del Sistema Nacional de Planificación. https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/wp-content/uploads/2022/08/Marco-Normativo-Conceptual-y-Metodologico-del-SNP.pdf

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2024). Política General de Gobierno 2024–2028. https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/?p=10485

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2026a). Plan Estratégico Institucional 2026–2035. https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/wp-content/uploads/2026/02/Plan-Estrategico-Institucional-PEI-2026-2035.pdf

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2026b, 11 de junio). País se une a iniciativa global “El poder de los datos”. https://portal.segeplan.gob.gt/segeplan/?p=15478

Ubaldi, B. (2013). Open government data: Towards empirical analysis of open government data initiatives (OECD Working Papers on Public Governance No. 22). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en

World Bank. (s. f.). Open Government Data Toolkit. https://opendatatoolkit.worldbank.org/

Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Davis, C. (2014). Innovation with open data: Essential elements of open data ecosystems. Information Polity, 19(1–2), 17–33. https://doi.org/10.3233/IP-140329

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