Marco normativo y regulatorio
La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) constituye un marco central para el derecho de acceso, las obligaciones de transparencia, la información reservada y confidencial y el habeas data. Los datos abiertos amplían la lógica de transparencia activa hacia la publicación en formatos que permitan descarga, procesamiento y reutilización, por lo que requieren lineamientos técnicos complementarios. Durante 2025 y 2026 se discutieron propuestas legislativas relativas a protección de datos personales y otras materias digitales. El título, número y estado de cada iniciativa específica deberán verificarse en los expedientes oficiales del Congreso antes de nombrarla; esta Estrategia no presume su aprobación. Mientras tanto, la apertura estará sujeta al marco jurídico vigente, incluida la Ley de Acceso a la Información Pública, y aplicará clasificación, minimización, anonimización y evaluación proporcional de riesgos. Los talleres utilizaron indistintamente expresiones como ley, reglamento, acuerdo, política o lineamiento. La Estrategia convierte esa demanda en una línea de acción concreta: realizar una revisión jurídica y construir una arquitectura normativa escalonada que determine qué materias requieren norma legal, acuerdo gubernativo, instrumento administrativo o estándar técnico. La aplicación del artículo 10 del Decreto 57-2008 (Ley de Acceso a la Información Pública) ofrece un punto de partida para identificar información pública de oficio. Su transformación en conjuntos reutilizables requiere criterios técnicos y revisión jurídica adicionales, y no debe confundirse con una obligación legal general de publicar toda información en formatos abiertos. Asimismo, corresponde examinar, según la materia, la normativa de simplificación de trámites, contratación pública, gestión presupuestaria, derechos de autor y seguridad de la información. Esta revisión deberá identificar la base legal de cada función propuesta y las alternativas de formalización, sin presumir que el borrador crea obligaciones o atribuciones nuevas. La selección del instrumento de aprobación y el detalle de funciones de coordinación quedan sujetos a dictamen jurídico. La Estrategia se presenta como instrumento de planificación estratégica interinstitucional; la formalización, alcance y naturaleza de sus disposiciones deberán ser determinados por las autoridades competentes.
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